La Contraloría General de la República determinó que, a inicios del 2019, personal del Gobierno Regional de Tacna benefició económicamente con S/ 22 millones a la empresa ejecutora de una obra por mejoramiento del Hospital Hipólito Unanue. Dicha irregularidad comprende a la emisión de una opinión favorable para la suscripción de la adenda N°6, que permitió modificar los cronogramas y calendarios vigentes para el desarrollo de la obra.
El hallazgo de este presunto caso de corrupción se obtuvo tras un megaoperativo de control en Tacna. Por ejemplo, se conoció que seis funcionarios y trabajadores cambiaron el programa de ejecución de obra, el calendario de avance de obra y el de adquisición de materiales, además de los cronogramas vigentes, por lo que permitió que el contratista incluya la etapa de compra del equipamiento, el cual se omitió durante la aprobación del expediente técnico del proyecto.
Pese a que había sido declarado improcedente por la empresa supervisora y la anterior gestión regional, se efectuó el desembolso de S/ 22 millones por concepto de adelanto, de los cuales S/ 19 millones aún no se recuperan.
La comisión de control determinó que los funcionarios y servidores involucrados, para beneficiar a la contratista, sustentaron sus informes y pronunciamientos en que las modificaciones iban a dotar de una adecuada secuencia lógica a la obra; sin embargo, la Contraloría reveló que dicha causal no existía. Contrariamente, los trabajos se desaceleraron y se redujeron los porcentajes de avance.
Por estos hechos, la Contraloría encontró presunta responsabilidad penal en seis servidores y funcionarios públicos, quienes por decisión consciente y voluntaria emitieron pronunciamiento, otorgaron opinión favorable, declararon procedente y aprobaron la modificación de calendarios a través de la emisión de una resolución gerencial y la posterior suscripción de la adenda N°6 al contrato.
Los servidores responsables durante el 2019 ocuparon los cargos de gerente general, gerente regional de Infraestructura, director de la oficina ejecutiva de asesoría jurídica, oficina ejecutiva de supervisión, coordinador de obra y un ingeniero especialista.
Los resultados del informe de control específico fueron notificados al Gobierno Regional de Tacna y a la Procuraduría.
Fuente La República
