En “Historia de la corrupción en el Perú”, Alfonso Quiroz explica por qué es tan difícil romper el círculo vicioso de la corrupción en países en desarrollo como el nuestro. La corrupción, nos dice, es consecuencia en buena cuenta de la debilidad de nuestro Estado, pero a su vez es causa de que dicha debilidad se mantenga. ¿Cómo así?
Por un lado, los estados afectados por la corrupción son débiles y limitados en su capacidad para controlar dicho fenómeno.Un gobierno que intente enfrentar un mal tan complejo y profundo tendrá que hacerlo con un Estado precario y penetrado por la corrupción: oficinas sin capacidad institucional, filtraciones de recursos a todo nivel, funcionarios ladrones, entre otros. Sin garras y dientes, la corrupción florece.
Pero no es solo que la debilidad estatal engendre corrupción. A su vez, esta debilidad estatal es reforzada y mantenida por gobernantes corruptos que tienen interés en que el Estado siga siendo débil. Estos gobernantes no dirigirán recursos al fortalecimiento institucional. Al contrario, privilegiarán a funcionarios subordinados y debilitarán aquellas oficinas que puedan afectar sus componendas. Que existan jueces, policías y fiscales mediocres y corruptos es su mejor garantía de impunidad.
La corrupción de Alejandro Toledo ilustra esta segunda dinámica. En un sentido, la noticia sobre sus coimas confirma lo que ya sabíamos: que a Toledo, en parte por su personalidad y limitaciones, le quedó grande la transición. No logró sentar las bases de un régimen cualitativamente distinto a la cúpula corrupta que ayudó a derrotar.
En este fracaso no solo hay responsabilidad del personaje, obviamente, sino problemas estructurales que hacen difícil gobernar. La denuncia, sin embargo, sí nos aporta otras razones para entender mejor este fracaso. No fue solo incapacidad y personalismo lo que dinamitó la agenda de la transición, sino la corrupción. Pensemos en la construcción de infraestructura, por ejemplo. Decisiones sobre proyectos de gran envergadura que se saltaron los procedimientos y donde hubo coimas debilitaron la institucionalidad existente en vez de reforzarla.
Además, Toledo golpeó a las instituciones que habían sido creadas y fortalecidas durante el gobierno de Paniagua y fue borrando la agenda de fortalecimiento estatal contra la corrupción. El progresivo deterioro de las procuradurías anticorrupción; la ausencia de interés en la reforma judicial y del Ministerio Público; enterrar la valiosa propuesta de la Iniciativa Nacional Anticorrupción; limitar la acción de organismos reguladores, entre otros temas, muestran esta dinámica.
Una revisión en esa clave del período seguramente mostrará otras decisiones que contribuyeron a que perdiésemos una oportunidad histórica de fortalecer al Estado frente al poder corruptor de la política y los privados.
La principal misión de Alejandro Toledo tras la caída de un régimen cleptocrático y autoritario era mostrar que la democracia podía ser cualitativamente superior, cuando menos para controlar la corrupción. Hoy sabemos que su fracaso se explica en parte por robarnos.
Fuente El Comercio
