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Una evaluación del sistema anticorrupción, por Luis Vargas V.

Una evaluación del sistema anticorrupción, por Luis Vargas V.

Es necesario implementar medidas legales y organizacionales para materializar un verdadero sistema anticorrupción.

A raíz del proceso electoral se vienen planteando propuestas sobre el sistema anticorrupción peruano, conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público (con el apoyo de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú), la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Oficina de Control de la Magistratura, el Ministerio de Justicia –a través de la procuraduría–, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunarp.

En tal sentido, resulta importante determinar si las entidades en mención se encuentran relacionadas entre sí, a fin de alcanzar el objetivo de luchar contra la corrupción. Esto permitiría, también, determinar si en nuestro país existe el llamado sistema anticorrupción.

Es necesario señalar que, si bien el Poder Judicial es un actor importante en el sistema, los jueces no pueden, en el curso de los procesos, coordinar con las demás entidades, habida cuenta de que se rigen bajo los principios de independencia e imparcialidad.

Respecto de las demás instituciones, si bien han surgido algunas iniciativas para coordinar acciones, las mismas no se han materializado, debiendo anotar que la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción no puede efectuar dichas coordinaciones, no solo por su conformación, sino también por los objetivos que se fijaron a su creación.

La fiscalía es la institución que más ha avanzado en generar, al interior de ella, un subsistema anticorrupción. En efecto, se han creado fiscalías especializadas en delitos de corrupción, las que cuentan (en Lima), con un gabinete de peritos. Sin embargo, resulta necesario que tales fiscalías se encuentren integradas a un órgano especializado al interior del Ministerio Público (como por ejemplo una Fiscalía Suprema), encargado de fijar los lineamientos de la política de investigación y procesamiento de estos delitos, así como de articular el apoyo logístico y coordinar las acciones necesarias para que los fiscales puedan afrontar debidamente las investigaciones y procesos judiciales (especialmente tratándose de delitos perpetrados por organizaciones criminales).

En tal sentido, es menester que la Contraloría General de la República, cuando en el curso de las acciones de control detecte indicios razonables de la comisión de un delito, sume esfuerzos con el Ministerio Público para así evitar la duplicidad de actuaciones y manejar adecuadamente los medios probatorios que se obtengan en las mencionadas acciones de control. Debemos anotar, también, que la contraloría es la encargada de verificar las declaraciones juradas de diversos funcionarios, con el objeto de cerciorarse de que, durante o después del ejercicio de sus cargos, no registren injustificados desbalances patrimoniales.

No obstante, hoy en día la contraloría carece de facultades de levantamiento de secreto bancario o reserva tributaria, por lo que obviamente no puede cumplir adecuadamente tal función. Una alternativa sería modificar el ordenamiento constitucional y legal para enmendar esto, pero considero que es mejor que se otorgue a la Unidad de Inteligencia Financiera tales facultades. Ello no solo le permitirá cumplir adecuadamente con sus funciones sino que, al descubrir algún movimiento sospechoso, podrá compartir tal información con la fiscalía, la que a su vez deberá coordinar con la contraloría, permitiendo un seguimiento adecuado de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios públicos.

Queda claro, entonces, que resulta necesario implementar las medidas legales y organizacionales necesarias para materializar un verdadero sistema anticorrupción que permita que los diversos actores del Estado puedan coordinar adecuadamente y así enfrentar el reto de luchar contra la impunidad, lo que constituye, precisamente, uno de los pilares, junto con medidas adecuadas de prevención, en la lucha contra la corrupción.

Luis Vargas Valdivia – Ex procurador ad hoc

Fuente Diario El Comercio

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