Estamos a una semana de que –en teoría– termine la segunda parte del confinamiento obligatorio que decretó el presidente Martín Vizcarra el pasado 15 de marzo. Desde entonces, el Perú registra 2.281 casos confirmados de coronavirus y 83 muertos.

Más allá de apoyar al Gobierno y sus decisiones como un gesto de unidad, también es necesario evaluar aquello que no está funcionando. El virus, efectivamente, se disemina por la movilización de las personas; de ahí la importancia de no salir de casa. Pero no podemos culpar únicamente a la irresponsabilidad de la gente que llena mercados.

Hay aglomeraciones que se pueden evitar, como la entrega en persona de los 380 soles del bono social. La ayuda a los más necesitados en tiempos de pandemia es vital. Pero decirles que vayan a tal o cual banco es exponer a personas desesperadas a ir en busca del único recurso con el que podrán sobrevivir ellos y sus familias. No esperemos, entonces, que sea un acto en estricto orden.

La medida de dividir por días las salidas entre hombres y mujeres no parece haber sido una gran idea; y no solo por la iniciativa en sí misma, sino por cómo ha sido tomada. Es como si hubieran dicho: el sábado salen las mujeres. ¡Salgan todas! La división de la salida por sexos no significa que los martes, jueves y sábados todas las mujeres pueden salir, siempre.

Además, es indignante que, en medio de una crisis sanitaria como la que vivimos, haya quienes buscan sacar provecho de la desgracia, como lo apuntó la Contraloría General de la República que detectó un posible sobrecosto de S/4,3 millones en la compra de 1,2 millones de mascarillas N95 a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). A eso debemos añadir que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación preliminar respecto de la denuncia de presuntas irregularidades en la adquisición de 35 respiradores mecánicos para el Hospital Emergencia Ate Vitarte.

Y lo peor es que aún vivimos en un subregistro permanente de casos, pues no se están realizando los descartes suficientes para conocer la verdadera dimensión de la pandemia en el Perú.

A inicios de la emergencia, el presidente Vizcarra anunció que el objetivo era tomar 5.000 muestras diarias; y aún estamos muy lejos de esa meta. En esa misma oportunidad, hizo público la adquisición de un millón de pruebas. La orden de compra fue emitida recién el 30 de marzo por el Instituto Nacional de Salud. Con gente en la calle y sin suficientes test, caminamos a ciegas.

Nuestros policías mueren sin haber sido sometidos a descartes, pues el hospital donde se atienden es un caos.

Mención aparte merece la declaración del ministro de Salud, Víctor Zamora, quien culpó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber acaparado el stock de pruebas. Fácil salida para evadir una deficiencia que quedó evidenciada cuando casi en simultáneo el presidente Iván Duque, de Colombia, anunciaba que tras una comunicación con los laboratorios Abbott su país adquiría más de un millón de pruebas.

Las buenas decisiones se reconocen y la ineficiencia se señala, pues esta cuesta vidas humanas.

Fuente El Comercio

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