Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha decretado una drástica reorganización estructural por 90 días de Perú Compras y del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), con el propósito de reforzar la eficiencia y transparencia en las compras del Estado.
En el caso de Perú Compras, el MEF señala que el Catálogo Electrónico que sirve para las compras corporativas carece de controles para la selección de proveedores. Como parte de los cambios se ha dispuesto que en las compras por catálogo se sustente en un informe la elección del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, se publique la decisión en el SEACE y se establece un tope hasta los 400 mil soles a las compras con esa modalidad.
Es de esperar que los cambios sean más eficaces que las intenciones iniciales. Respecto del OSCE, el MEF “evaluará la normativa”, es decir lo que ya es de manual, las normas internas para su funcionamiento y los procedimientos para proveedores y compradores; e implementará una plataforma tecnológica para mejorar la supervisión y la transparencia de las operaciones, lo que tampoco es una novedad respecto de la ya existente. Tampoco tiene un gran sentido de cambio la anunciada mejora del Registro Nacional de Proveedores, varias veces objeto de reajustes.
Este no debe ser el enésimo cambio para no cambiar. En los últimos 10 años se han realizado arreglos institucionales que no fueron eficaces. En junio del 2008, el gobierno aprista dictó dos decretos legislativos aprobando una nueva Ley de Contrataciones del Estado y la Central de Compras Públicas Perú Compras. El 2011 esa institucionalidad ya estaba en crisis a raíz de lo cual al iniciar sus funciones el gobierno nacionalista reorganizó el OSCE y lo trasladó al MEF.
Esa reforma duró muy poco, y el gobierno de Humala se embarcó en la idea de flexibilizar la contratación pública para reactivar la economía, lo que fue el sentido de una parte de los paquetes legislativos del año 2014, elevando el monto de las contrataciones directas o facilitando la contratación de los servicios de publicidad y consultoría. El concepto que ha fracasado, patentizado en las denunciadas compras del Congreso y del Ministerio de Educación, es que cada unidad de compra realice más operaciones suprimiendo licitaciones o la obligación de establecer un valor referencial. En algunos casos, en las compras por catálogo, el sistema informático rechaza a veces los precios más bajos.
A las puertas de nuevos cambios debe evitarse el péndulo, es decir, en este caso el retorno a la sobrerregulación –el cierre del caño– con las consiguientes trabas para el gasto público. La idea predominante entre los especialistas es salir del mencionado péndulo y de la cultura de la norma prohibitiva y del abuso del control ex ante que paraliza el gasto, para pasar a una política que busque mejorar los procesos de control ex post, extenderlo territorialmente, agilizar los pagos –que es la fase de mayor corrupción y del cobro de diezmos– y optimizar la rendición de cuentas de los funcionarios relacionados directamente a las compras.
Fuente La República
