Hace unos días, el fiscal Reynaldo Abia, a cargo de la investigación por la presunta corrupción millonaria en la adquisición de equipos de protección personal y rancho frío para la Policía Nacional del Perú (PNP), declaró que esta investigación podría alcanzar a altos jefes policiales (“20/20” con Mávila Huertas, 04/05/20). Habló de las dificultades que venía encontrando en la policía y en el Ministerio del Interior para avanzar en el proceso e, incluso, habló de hostigamiento, amedrentamiento y obstaculización. También mencionó que serían policías en actividad los que estarían detrás de los proveedores.
Hasta ahí, más o menos, el fiscal Abia dijo lo que todos conocíamos. Lo dramático vendría después. Narró que, ante la falta de colaboración, depende de otras fuentes para conocer más acerca de la estructura de compras en la PNP (es decir, del sistema de corrupción). Y dijo algo muy serio: que se apoya en los colaboradores del caso de La Victoria; esto es, en “Los intocables ediles”.
¿“Los intocables ediles”? Pues sí, un sonado caso de agosto del 2018 y que tiene tras las rejas al exalcalde de La Victoria, Elías Cuba. Dos colaboradores eficaces mencionaron que cinco generales en actividad, y una reconocida congresista, eran parte de la estructura. Abia dijo que en esa época tuvo un convenio secreto con asuntos internos del Ministerio del Interior para investigar a los altos jefes policiales y que, en marzo del 2019, se quedó sin colaboradores en dicho sector. Todos fueron trasladados o simplemente apartados del caso. Con tono dramático, el fiscal afirmó haberse replegado en la fiscalía ante la imposibilidad de investigar a los altos mandos.
Vaya encrucijada la del fiscal. De los cinco generales que los colaboradores eficaces involucran como parte del brazo policial de la organización criminal, uno es el actual ministro del Interior Gastón Rodríguez Limo y el otro, el viceministro de Seguridad Pública. De los otros, al menos uno fue defendido por el brevísimo jefe de Gabinete de Asesores del actual ministro, que renunció poco después de ser nombrado.
Es fácil imaginar la incomodidad del fiscal Abia, pues debe solicitar información y apoyo para los actuales casos de corrupción a quienes viene considerando (o ha considerado) en la carpeta fiscal “Los intocables ediles”. Hay que decir que estos altos oficiales en retiro han negado ser parte de esta organización criminal. Por un tema de justicia y dignidad, les corresponde que la verdad se abra paso.
El ministro ha reconocido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso haber sido citado como testigo y comparecido ante el fiscal Abia en mayo del 2019. Niega estar investigado por la fiscalía anticorrupción.
Sin embargo, el Fuero Militar Policial les ha iniciado investigación preliminar a los cinco generales mencionados por los colaboradores eficaces en el caso que maneja el fiscal Abia. La disposición fiscal es la 217-2018 FMP- F.S.V.S. del 23 de agosto del 2018. El número del expediente es el 0048-2018-TP-00 y figura como investigado el Gral. PNP Gastón Rodríguez Limo y otros. Interviene la fiscalía suprema y la apertura de la investigación preliminar la dispone el fiscal supremo del fuero militar policial Francisco Fabián Llerena.
¿Estuvieron al tanto de este proceso el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República? ¿Esta investigación ha sido mencionada a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso? Dada la desprotegida y triste situación de nuestra policía nacional en plena emergencia, la verdad debe abrirse paso en aras de la transparencia y del respeto a los policías, a la ciudadanía, y a favor de la honorabilidad de los investigados que no estén implicados en actos de corrupción.
Urge que la fiscal de la Nación tome cartas en el asunto. Debe garantizar la independencia del proceso y el acceso a la información que sea necesario. El fiscal Abia ha dicho, en vivo y en directo, que se encuentra “replegado”. Es una situación paradójica, pues quienes debieran abrirle las puertas para investigar, son los que podrían estar siendo investigados.
Fuente El Comercio
