El informe final de la comisión investigadora multipartidaria del caso ‘Vacunagate’ del Congreso de la República recomienda denunciar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Martín Vizcarra, Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti Soler por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible, colusión, entre otros.
El documento de 178 páginas que será debatido este jueves 8 de abril en el pleno del Congreso indica que presuntamente existió una “estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm”, dirigido desde el Minsa con colaboración de funcionarios de la Cancillería, según reveló el diario El Comercio.
Detallan que el presunto favorecimiento al laboratorio chino se evidenciaría con la sucesiva modificación de los protocolos del ensayo clínico, a pedido de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, “sin mayor escrutinio sobre su impacto en el ensayo mismo, ni en sus fines utilitarios”, en que el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Comité de Ética aprobaran un protocolo de ensayo “irregular que contenía una cláusula de negociación comercial futura con Sinopharm” y que Digemid emitiera autorizaciones cuando los productos ya estaban en ruta a Perú.
Asimismo, el documento considera que Germán Málaga, exinvestigador principal del ensayo clínico, es el responsable directo de la administración de dosis a Vizcarra, ex ministros de Estado, funcionarios, familiares amigos, etc, “sin reportar a nadie de sus actos, poniendo en riesgo un importante estudio en medio de una pandemia que cuesta miles de vidas, violando así, la Constitución Política del Perú y las leyes”.
En esa línea, se indica que 116 servidores públicos y 354 personas particulares, que en algunos casos eran familiares, amigos, colaboradores y allegados de los servidores públicos, recibieron la vacuna de emergencia de Sinopharm.
Al respecto, el titular de dicho grupo investigador, Otto Guibovich (Acción Popular), indicó al referido medio que expondrá este jueves el informe ante la representación nacional y en caso sea aprobado este sería remitido al Ministerio Público para que dicha entidad investigue y determine responsabilidades de los funcionarios públicos y de quienes sin ser voluntarios se inocularon las vacunas de emergencia.
Fuente Perú21
