De acuerdo a un reciente informe emitido por la Contraloría General de la República, seis exfuncionarios del Gobierno Regional de Tumbes y el prófugo expresidente regional Gerardo Viñas Dioses, habrían ocasionado pérdidas por 9 millones 225 mil soles al haber reconocido irregularmente una liquidación mediante una ilegal conciliación dentro de un proceso arbitral, en favor de la empresa A&J Inversiones SAC.
Juzgado Nacional tiene en sus manos sanción ejemplar contra implicados, refirió la Contraloría en informe.
DECISIVO. En las próximas horas el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que despacha el magistrado Ricardo Manrique Laura, emitirá un importante pronunciamiento contra los seis exfuncionarios del Gobierno Regional Tumbes denunciados por la Contraloría General.
HECHOS. De acuerdo a las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía Supraprovincial, mencionada empresa ejecutaba las obras de saneamiento del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen del departamento de Tumbes”; sin embargo, las dejó inconclusas e inservibles, alegando razones sin sustento técnico.
Este hecho no sólo perjudicó económicamente a los fondos de la región, sino que dejó sin servicio de saneamiento a miles de familias de los distritos en mención.
“Ante este evidente perjuicio contra el Estado, es necesario que justicia actúe con celeridad para determinar las responsabilidades y aplicar sanciones”, explicaron los representantes de Contraloría General.
IRREGULARIDADES. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios han detectado serias irregularidades en el proceso arbitral que han sumado a los indicios detectados por la Contraloría General.
Por ejemplo, durante la fecha de emisión del laudo arbitral (dictamen), varios de los funcionarios involucrados no se encontraban en el país; Asimismo, ha comprobado el registro de comunicaciones telefónicas entre árbitros, funcionarios regionales y el representante legal de la empresa, así como la falsificación de la firma de la secretaria del Tribunal Arbitral en varios documentos.
Durante las investigaciones, de igual forma se comprobó la movilización de altos funcionarios del GRT a la ciudad de Lima, con motivo de asistir a las audiencias judiciales, muchos de ellos con pasajes pagados por la empresa.
También la falta de instrucciones y planteamientos del representante del Gobierno Regional y su allanamiento total a los requerimientos de la empresa mencionada, entre otros, que ampliaron la investigación fiscal hacia los árbitros. La demora en referidas diligencias provocó la fuga del expresidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, según el informe de Contraloría.
PRUEBAS. Lo detectado por la Contraloría y la Fiscalía Supraprovincial son pruebas fehacientes de que hubo una concertación (colusión) entre los funcionarios del gobierno regional de Tumbes y representantes de la empresa A&J Inversiones SAC, para defraudar al Estado y perjudicar a miles de pobladores de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de La Virgen.
La fraudulenta conciliación solo sirvió a los funcionarios denunciados para pretender justificar el egreso indebido de fondos públicos a favor de A&J empresa, en claro perjuicio de los intereses del Gobierno Regional de Tumbes, por lo que la población tumbesina espera una resolución judicial ejemplar.
Es preciso mencionar que en su momento la Procuraduría Pública de la Contraloría General denunció a los exfuncionarios ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, por el delito de Negociación Incompatible y/o Aprovechamiento Indebido de Cargo. Posteriormente, este caso fue transferido a la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
INVESTIGACIÓN. En abril del año pasado, el Ministerio Público inició con la formalización de la investigación preparatoria, contra Gerardo Viñas y los funcionarios responsables, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión.
Con la investigación se pretendió determinar la responsabilidad penal del prófugo expresidente regional y los funcionarios implicados en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos mencionados.
Fuente Diario Correo
