El pasado 20 de febrero, la fiscal superior coordinadora de las fiscalías anticorrupción del Callao , Yanet Vizcarra, firmó una disposición para que el caso Eslimp Callao, que tiene como principal investigado al congresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, pase a la etapa de acusación y no quede en el polvoriento archivo del Ministerio Público chalaco.
En 2004 y 2005, la oficina que debía garantizar los servicios de limpieza en el Callao pagó S/1’275,000 a dos empresas para recoger la basura, pero estas no pudieron demostrar que realizaron el servicio. Entonces, Albrecht era gerente general del Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (Eslimp Callao).
Vizcarra tomó la decisión después de la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, emitida el 18 de enero, a cargo del magistrado Sergio Nuñez, quien señaló que “existen elementos de convicción que permiten evidenciar que las empresas El Chaval y El Chavalillo no llegaron a brindar el servicio para el que fueron contratadas”.
Además, respecto al delito de colusión, para el juzgado, Albrecht y otros funcionarios intervinieron en la contratación de las empresas y el desembolso del dinero por el pago del supuesto servicio de limpieza de las calles del Callao.
“Los directivos de Eslimp Callao y las empresas involucradas habrían acordado la contratación para defraudar al Estado. Sabían que El Chaval y El Chavalillo no tenían respaldo logístico o humano para efectuar el servicio”.
Con respecto al delito de peculado (apropiarse del dinero estatal), el juzgado opina que “se habría utilizado como fachada las empresas para poder extraer el dinero del patrimonio estatal”.
Todo esto se hizo bajo una supuesta situación de emergencia de la ciudad “que habría sido decretada indebidamente”. Cuando Albrecht fue el gerente general de Eslimp Callao, el alcalde de la comuna era Álex Kouri, del movimiento Chimpum Callao, actualmente preso por corrupción.
CAMINO AL JUICIO
La investigación estaba a cargo, hasta hace unos días, de la fiscal adjunta provincial July Rosales, del despacho del fiscal provincial Francisco Alarcón. Ahora, por la disposición del 20 de febrero, la carpeta fiscal la tendrá el adjunto Sergio Rojas, del mismo despacho, quien deberá hacer la acusación con miras a un juicio oral.
“Los dueños de las empresas El Chaval y El Chavalillo han aceptado que no contaban con maquinaria alguna, mucho menos personal propio para el servicio”, señala la disposición fiscal de Vizcarra.
Rosales explicó a Perú21 que pidió que se archivara el caso porque lo recibió en una etapa intermedia, a finales de 2017, después de haber estado en manos de sus colegas Lily Vladivia y Wils Gonzales.
“Realicé la investigación suplementaria por 30 días. Aquí no se puede recabar nuevas pruebas”, dijo Rosales, cuya decisión revisó el juez Sergio Nuñez
Vizcarra indicó que el despacho del fiscal Alarcón pretende archivar el expediente, lo cual “resulta inaceptable”, pero este dijo a Perú21 que le sorprende la actitud de la coordinadora y que rechaza en fáticamente esas afirmaciones.
“Nos vamos a defender en el juicio”
Perú21 se comunicó con el despacho del congresista fujimorista Víctor Albrecht. Señaló que su abogado, Rolando Márquez, era el indicado para responder sobre el tema.
Márquez aclaró que la resolución del 20 de febrero no le había sido notificada, y que hoy mismo buscaría enterarse del detalle del documento. Agregó que le sorprende la decisión de la fiscal Vizcarra porque en agosto de 2016 se pronunció a favor del archivo del caso.
“No hay pruebas nuevas. Vizcarra ya se ha pronunciado a favor de Albrecht, y señaló que la investigación era por persecución política. No es posible un cambio de postura en tres años”, dijo Márquez.
“No hay responsabilidad de mi patrocinado en este caso. Si no se hubiese contratado el servicio, los vecinos del Callao se habrían perjudicado. Nos vamos a defender en el juicio”, finalizó.
Fuente Perú21
