Según el alcalde Alfredo Zegarra, Arequipa carece de buenos servidores para ejercer cargos de confianza en la administración pública y que acepten remuneraciones poco competitivas en el mercado laboral.
De esa manera esbozó una justificación para mantener a personal que afronta procesos por delitos de corrupción o sentenciados. También mantiene en su entorno a inhabilitados por Contraloría General de la República.
Además de la carencia de servidores capacitados, dijo Zegarra, contra sus funcionarios cuestionados aún no se emitieron sentencias firmes que ratificaran la culpabilidad en la toma de alguna decisión pública.
La municipalidad provincial de Arequipa tiene a cinco funcionarios en problemas con la justicia y la Contraloría.
El retorno
El pasado martes, Marcos Hinojosa regresó al mando de la gerencia de Seguridad Ciudadana, de la cual estuvo alejado por 6 meses. El funcionario fue retirado en enero, luego que se descubriera 18 motos de serenazgo almacenadas en la casa de la familia de un sereno. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación contra Hinojosa por el delito de peculado, pero el 13 julio archivó la indagación y envió el caso a una fiscalía común para investigar al funcionario por abuso de autoridad.
Para Zegarra fue suficiente el archivo del delito de peculado para volverlo a poner en su cargo al gerente.
Esta no es la única complicación de Hinojosa. En agosto del 2016 fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por mal utilizar una camioneta del municipio provincial.
La sentencia contemplaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo similar. Pese a ello, Hinojosa continuó en el cargo bajo el argumento de que había apelado el fallo y aún no existía sentencia firme de su caso.
Las butacas
Otro funcionario que afronta un juicio es el gerente municipal Oscar Carrillo. Para él la fiscalía solicitó 7 años de prisión. Lo acusan del presunto delito de colusión en la compra de butacas para el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa. En marzo pasado la Contraloría inhabilitó al funcionario por el mismo caso, pero este apeló.
Zegarra indicó que hasta que el Poder Judicial emita una sentencia en segunda instancia, Carrillo seguirá en su puesto.
Carlos Perea, secretario general, Luis Begazo, gerente de Administración Financiera y Ángel Manrique, subgerente de Asentamientos Humanos, fueron inhabilitados por la Contraloría por 4 años por el presunto favorecimiento a la empresa española GR Arquitectos para la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa. Los tres apelaron la resolución y se mantienen en sus cargos hasta que sea resuelta.
Para Oscar Carrillo, el hecho que existan tantos funcionarios de la gestión de Zegarra envueltos en problemas representa un ensañamiento de la Contraloría, ya que esto no ocurre en ningún otro municipio.
Restó importancia a las denuncias, asegurando que en segunda instancia serían favorecidos.
Fuente La República
