Marcos Gasco, alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), afrontará juicio oral como presunto autor de los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en el caso de la contratación de la empresa Veolia Perú SAC por el alquiler de 10 compactadoras en S/ 1 896 750. Así lo dispuso el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
En la última audiencia de control de acusación, del miércoles 16 de noviembre, el titular del órgano jurisdiccional, Reynaldo Leonardo, valoró los medios probatorios de la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe, quien presentó los documentales n.º 53 referidos a la modificación presupuestal para la contratación n.º 01 con la empresa Veolia, en 2019.
La finalidad de este proceso fue, supuestamente, mejorar la gestión de los residuos sólidos luego de que el concejo municipal declarara un supuesto desabastecimiento inminente para el recojo de la basura en la ciudad de Chiclayo.
Medios probatorios contra investigados de MPCh
De acuerdo a los medios probatorios que expuso la autoridad fiscal, la municipalidad había firmado convenios con el Gobierno Regional de Lambayeque para el apoyo con maquinaria para limpiar la urbe. Es por eso que indicó que no existió una situación extraordinaria e imprevisible para el desabastecimiento y el alquiler de compactadoras a Veolia.
Karim Ninaquispe precisó que Marcos Gasco habría concertado con la empresa Veolia para dicha contratación, la cual, según la Contraloría General de la República, generó un perjuicio económico de S/ 249.733 en agravio de la comuna.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó para Marcos Gasco seis años de prisión por el delito de colusión agravada y cuatro años de pena privativa de la libertad por el ilícito de negociación incompatible.
En manos de Juzgado Unipersonal
Ante dichos fundamentos, el juez Reynaldo Leonardo declaró saneada la acusación fiscal y sometió a juzgamiento a Marco Gasco, así como a 10 exfuncionarios municipales y dos representantes de Veolia. En ese sentido, dispuso que la documentación sea derivada al Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque para el desarrollo del juicio oral.
Fuente La República
