La legisladora Marita Herrera Arévalo, integrante de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, cuestionó que el Gobierno Regional de Amazonas haya inaugurado el Eje Vial II que une las provincias de Utcubamba y Bagua, pese a los serios problemas estructurales que presenta la obra.
“Expresamos nuestro rechazo ante esta acción irregular y dolosa. No es posible que un gobernador reciba una obra que tiene graves deficiencias en su ejecución. Esto es una burla para todos nosotros”, indicó la parlamentaria, quien es representante de esa región nororiental del país.
La obra fue inaugurada por el presidente regional de Amazonas, Gilmer Horna Canales, sin tomar en cuenta las observaciones hechas por la Contraloría General que advirtió serias fallas en las pistas que ponen en peligro la vida de los usuarios.
Precisamente en esta vía, días antes de ser entregada oficialmente por la Constructora Casa y Administración S.A. al Gobierno Regional, se produjo la volcadura de un bus que llevaba a integrantes de un equipo de fútbol sub-14, accidente que dejó seis escolares y un transportista muertos.
Entre los principales riesgos advertidos se evidenció que en algunos tramos de la carretera se redujo el espesor del pavimento sin el debido sustento técnico y económico. Por tanto, las valorizaciones se estarían pagando de forma irregular.
Asimismo, se detectó que la entidad regional pagó al contratista Consorcio Vial Amazonas por trabajos realizados de forma deficiente o no ejecutados; sin embargo, en los informes mensuales (valorizaciones, informes de control y pruebas de calidad) realizados por la contratista y el supervisor de la obra, no se evidencian observaciones sobre lo indicado.
También se observó que mediante la suscripción de la adenda N° 3 al contrato N° 205-2014-GR.AMAZONAS/GGR, suscrita el 31 de octubre de 2017, se modificó el monto contractual, elevándolo de S/ 177 millones a más de S/ 190 millones. Pero se advierte que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, la forma de contratación no permite el incremento del monto contractual, originando un posible perjuicio económico a la entidad.
Se corroboró que pese a la elevación del valor del contrato, no se incrementó el monto de la carta fianza de fiel cumplimiento, que por ley corresponde al 10% del costo contractual, lo cual evita darle garantía a la obra.
Fuente La República
