La Contraloría evidenció deficiencias e irregularidades en la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los tramos de la vía Vilcabamba-Chicreypon, en el distrito de Chingas, provincia de Antonio Raimondi (Áncash), lo que habría ocasionado el deterioro prematuro del camino vecinal y un perjuicio de S/ 430.208 a la comuna provincial, a cargo de los trabajos.
Según detalla el informe, se evidenció que la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi aprobó las cuatro valorizaciones presentadas por el consorcio a pesar de que incumplían los términos de referencia de las bases del proceso de selección, las especificaciones técnicas del plan de trabajo y la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En ese sentido, se expone, por ejemplo, que la valorización n.° 2 fue aprobada por los funcionarios y servidores de la comuna aun cuando no se justificaron técnicamente las partidas ejecutadas y los porcentajes de avance, tampoco se sustentó el control de calidad del material y del procedimiento constructivo. No obstante, se realizaron los pagos a favor del consorcio.
Las omisiones y deficiencias en los trabajos originaron el deterioro prematuro de la vía, la misma que presenta erosión del afirmado en algunos tramos y huecos o baches en la superficie. Asimismo, se evidenció que las diferentes partidas fueron ejecutadas sin cumplir las especificaciones técnicas y que el material utilizado de las canteras no califica como apropiado para el afirmado.
Proceso de selección
Del mismo modo, la Contraloría señala que el comité de selección no admitió a evaluación las ofertas de seis postores a pesar de que sí cumplían con la documentación que exigía las bases, lo que ocasionó que se otorgue la buena pro por S/ 589.326 al único postor admitido, cuya oferta económica era la más elevada. Esta situación afectó la competencia y transparencia del procedimiento de selección.
Por estos hechos, cinco funcionarios y servidores tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa. Por ello, el informe fue derivado al procurador público especializado en delitos de corrupción para las acciones legales correspondientes; asimismo, al alcalde provincial para los procesos administrativos del caso.
Fuente La República
