La Contraloría General identificó un perjuicio de más de 1 millón de soles en la Municipalidad Distrital de Salitral, en la provincia de Morropón (Piura), debido a que funcionarios a cargo del manejo de cuentas de la organización habrían autorizado el giro de cheques a su favor, pese a prohibición y sin el sustento documentario ni la existencia de contraprestación. La entidad halló presunta responsabilidad penal en la actual alcaldesa, Ismenia Monja, y el exgerente general, Alan Marcelo, así como en otros cinco funcionarios.
Según el Informe de Control Específico N° 29300-2021-CG/GRPI-SCE, durante el periodo 2019 a julio de 2020 se ha determinado la existencia de expedientes registrados en el aplicativo informático SIAF-RP, software del Estado que registra ingresos y gastos, por un mismo usuario llamado “Marcelo”, mediante el cual se procesaron en un mismo día y fuera del horario de trabajo las fases de ejecución del gasto, como es el compromiso, devengado y girado, sin haber seguido el procedimiento correspondiente.
Además, la comisión auditora corroboró que no existiría la documentación física que autorice y respalde dicho gasto, con el fin de permitir el giro de cheques, pese a que el tipo de operaciones registradas no se encuentran contempladas para autorizar de manera excepcional este giro.
Sumado a ello, el reporte apuntó que los cheques habrían sido girados y cobrados a favor de los mismos funcionarios que autorizaron la emisión de este documento a nombre de personal de la entidad, para después simular el pago directo a proveedores que no efectuaron contraprestación alguna a la municipalidad, incluso presentando documentos carentes de veracidad y no relacionados al expediente del SIAF registrado.
Asimismo, la entidad manifestó que los hechos descritos trasgredieron artículos de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2019, el decreto de urgencia que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, además de vulnerar otras normas. De esta manera, se ocasionó un perjuicio económico a la entidad que asciende a 1 millón 139 mil 642 soles.
Dicho perjuicio habría sido causado por la actuación del entonces gerente municipal Alan Marcelo, quien efectuó el registro de las fases de ejecución de gasto sin los documentos regulados, así como de los subgerentes de Contabilidad y Presupuesto y Tesorería por no alertar a la entidad de la existencia de estos expedientes SIAF generados irregularmente.
Fuente La República
