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La grave situación a raíz de los deslizamientos en el valle de Siguas por filtraciones de agua del proyecto agrícola Majes I, en Caylloma (Arequipa), se recrudeció en la última década. Razón de esto, la gestión de Yamila Osorio propuso la construcción de 6 pozos tubulares en 2017. Contraloría ha detectado un millonario perjuicio en este proyecto.

Según el Informe de Auditoría 008-2022-2-0617-AC, la creación del sistema de bombeo para evacuar agua del subsuelo, reduciendo el riesgo de deslizamientos en el sector de Alto Siguas, se efectuó sin considerar la normativa, especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales. A raíz de esta ineficiente ejecución, se detectó un perjuicio al Estado por 2 millones 056 mil soles.

Además, la auditoría detectó que la construcción de la infraestructura previa para estos pozos, produjo una pérdida de inversión por 5 millones 119 mil soles, infraestructura que nunca fue utilizada. Entre las irregularidades más obvias es que el consorcio Pozo Majes, sin autorización contrató a un tercero para ejecutar una de las obras más importantes del proyecto.

Esta irregularidad fue puesta en conocimiento de la Gerencia Ejecutiva y la Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos. A pesar de esto, no informaron sobre la irregularidad al Tribunal de Contrataciones del Estado. Incluso, en el informe de auditoría se advierte que el consorcio presentó documentación falsa.

“El consorcio Pozo Majes, en adelante el “Consorcio”, en la etapa de presentación de ofertas insertó documentación que carece de verdad. Pese a ello, se suscribió el contrato N° 006-2018-GE del 8 de noviembre de 2018″

Informe de Auditoría 008-2022-2-0617-AC.

La obra terminó paralizándose, y el consorcio Pozo Majes decidió resolver el contrato el 4 de noviembre de 2019. Además, para salvar cualquier penalidad en su contra, atribuyó al GRA la responsabilidad de que se resolviera el contrato. En el informe de Contraloría se señala que la entidad regional nunca puso en controversia los argumentos del consorcio, consintiendo esta resolución.

Incluso, la oficina de Administración y el área de Tesorería omitieron ejecutar la garantía de adelanto de materiales dentro del plazo legal prorrogable. generando un perjuicio que superó los 734 mil soles.

Fuente El Búho

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