La presidenta de la Asociación de Contratistas del Estado, Isabel Agurto Marquina, criticó los últimos anuncios del presidente de la República Martín Vizcarra al señalar que las municipalidades de Lima adeudan a los proveedores un aproximado de cien millones de soles.
«Si consideramos lo anunciado por el presidente Vizcarra en esta etapa de la pandemia COVID-19 que, desde el 15 de abril pasado las entidades públicas tienen la obligación de realizar el pago de sus deudas y que, para tal medida, se dispone que sea el Ministerio de Economía y Finanzas quien atienda las demandas adicionales de presupuesto para el cumplimiento del pago de las prestaciones, debería existir ya un pronunciamiento oficial o decreto de urgencia de parte de la titular del sector. Los proveedores también tienen familia y muchos son pequeños emprendedores que tienen deudas con los bancos, mutuales o financieras para sacar adelante sus negocios».
Agurto remarcó que necesitan que se emita un Decreto de Urgencia que exija la obligación el pago de deudas a proveedores que cuenten con toda la documentación pertinente a fin de dar liquidez a las empresas en esta etapa de crisis sanitaria y económica, asimismo, que se emita otra orden que señale directamente al MEF como el encargado de otorgar presupuesto -de ser necesario- a los municipios y gobiernos regionales, a fin de que sea éste utilizado única y exclusivamente para el pago de deudas.
«Es el ministerio de Economía y Finanzas quien debe autorizar la utilización de partidas presupuestales destinadas a proyectos de inversión -no asociados a la lucha contra la pandemia- para que las entidades públicas puedan modificarlas y disponerlas para el pago de deudas», subraya la representante de los contratistas.
Agregó la presidenta de la Asociación de Contratistas del Estado, «el ministerio de Economía y Finanzas debe otorgar las demandas adicionales a las entidades que lo han venido requiriendo para el pago de deudas de ejercicios anteriores y que sea la Contraloría General de la República quien supervise y sancione drásticamente a los funcionarios que no acaten el pago de deudas de los miles de proveedores a nivel nacional».
Fuente El economista
