Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República llegó ayer a la sede del Ministerio Público de Chimbote para investigar el presunto desfalco de 400 mil soles en agravio del Estado.
A solicitud del mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, el contralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, designó al auditor de Lima, Ernesto Castro, para que realice la pericia contable de los dos últimos años en la Fiscalía de Chimbote para investigar si hubo presuntos malos manejos de los fondos de esta institución.
Fuentes de la Fiscalía informaron que Ernesto Castro y la auditora Rocío Pérez de la Oficina Desconcentrada de la Contraloría General de la República en Chimbote llegaron al local principal del Ministerio Público acompañados de peritos para levantar información que les permita realizar la pericia contable.
Cabe indicar que en la investigación del presunto desfalco de 400 mil soles se encuentra como principal implicado el ex administrador Gino Reyes Roggero, actual jefe de Recursos Humanos de la Fiscalía en Chimbote. También son investigados dos servidores administrativos.
El procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia pidió al fiscal Felipe Elías Silva, a cargo de las investigaciones, que incluya a la presidenta de la Junta de Fiscales, Nancy Moreno Rivera, en dicho caso, pero hasta el momento no hay pronunciamiento al respecto, aunque la decisión del mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que estuvo en Chimbote por el supuesto desfalco, es que se investigue a profundidad y se sancione ejemplarmente a los responsables.
El presunto desfalco se habría dado en el pago de servicios y trabajadores fantasmas en la Fiscalía de Chimbote.
Prevención de lluvias
De otro lado, la Contraloría General exhorta a los alcaldes provinciales y distritales del país, a los gobernadores regionales y a los ministros de Estado dentro de su competencia, a realizar labores de prevención ante la temporada de lluvias que se inicia en las próximas semanas, con el propósito de velar por la seguridad de los ciudadanos y evitar pérdidas económicas.
Clave
La Contraloría manifiesta que las instituciones involucradas tienen la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos y acatar las disposiciones vigentes de Defensa Civil para ejecutar la limpieza, habilitación y descolmatación de cauces de ríos, quebradas y drenes, iniciar el reforzamiento de defensas ribereñas para evitar inundaciones o la erosión de predios agrícolas.
Fuente Diario El Comercio
