La Contraloría General de la República anunció medidas de fiscalización a los siete proyectos que el gobierno regional de Ayacucho licita con la participación del Organismo Internacional para las Migraciones (OIM), por el monto de las inversiones y por presuntas irregularidades en los expedientes técnicos.
Para este propósito, se ha creado un área de megaproyectos y una gerencia de grandes obras, formada por expertos especializados para observar al detalle el manejo de los recursos públicos y como primera medida verificarán los proyectos de Hospital Regional de Ayacucho III-1, construcción del Colegio Mariscal Cáceres y San Ramón, además de otros proyectos viales. La contraloría estimó que el monto desde el cual se evaluará con detalle las obras sería a partir de los 50 millones de soles, aunque hay que precisar que el monto aún se encuentra en evaluación.
El ente fiscalizador señaló que el Estado puede encargar a organismos internacionales la responsabilidad de contratar a empresas para realizar obras o servicios. La ley de contrataciones lo permite solo cuando se trata de un megaproyecto, un proceso muy técnico o cuando la tercerización resulta más económica. Sin embargo, el sector público abusa de la norma.
Se conoció que las entidades del Estado que más recurrieron a los convenios internacionales desde el 2011 fueron el Programa de Educación Básica del sector Educación y el Gobierno Regional de Ayacucho.
El mayor cuestionamiento que pesa sobre estos convenios es la imposibilidad, por parte del Ministerio Público y la Contraloría, de fiscalizar el dinero que los organismos internacionales reciben o identificar a responsables en caso se detecten ilícitos.
MEDIDAS CAUTELARES. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) en el Observatorio de Proveedores realizó un ranking de los proveedores inhabilitados y que gracias a medidas cautelares accedieron a contratar con el Estado. En el ranking de los jueces que más medidas cautelares emitieron (de los 46 fallos), se descubrió que solo el titular del Primer Juzgado Civil de Huamanga, Carlos Castillo Olazo, emitió en el 2013, 14 resoluciones a favor de igual número de empresas inhabilitadas para hacer negocios con el Estado. Entre los proveedores favorecidos por este juez están Lichtfield del Perú, HGD Contratistas, Contracta y Asesores Técnicos Asociados, los cuales ganaron 46 millones 843 mil 272 nuevos soles en licitaciones públicas este año.
No se descarta una exhaustiva investigación a los jueces que incluso llegan a desafiar al Tribunal Constitucional, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) anunció el seguimiento de los casos para verificar presuntas irregularidades y posteriores sanciones a los magistrados.
Fuente Diario Correo
