El equipo especial Lava Jato está consiguiendo en Brasil la información que le faltaba para completar los detalles de la historia sobre los US$31 millones que Odebrecht desembolsó al expresidente Alejandro Toledo para adjudicarse la construcción de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur) durante su gobierno (2001-2006). Este millonario soborno fue recibido, como él mismo confesó, por Josef Maiman, quien habría tenido el codinome ‘Oriente’, según fuentes fiscales.
Ayer, el fiscal José Domingo Pérez interrogó en Curitiba a Luis Alberto Meneses Weyll, representante del consorcio que lideró la compañía brasileña. Fue una diligencia corta y muy técnica, según pudo conocer Perú21.
A Meneses solo se le formularon 12 preguntas, además de las dos que hizo el procurador ad hoc Jorge Ramírez. El exdirectivo contó que llegó a hacerse cargo del consorcio Interoceánica del Sur tramo 2 y tramo 3 para la elaboración de la segunda adenda que se aplicaría al contrato inicial, que se suscribió en agosto de 2005 con el Estado peruano.
El mismo exejecutivo dijo que se sorprendió con el contrato que se había firmado porque era “inusual”: todas las bases estaban hechas y dirigidas para que sea únicamente la constructora la que podría ejecutar la obra.
Por ejemplo, indicó, los certificados de avances de obras (CAO), que emitía Ositran cada vez que se concluía un tramo de la carretera, no solían ser parte de un proyecto como este. Y es que el Estado suele concretar el pago cuando la obra ha sido entregada.
Ya para la gestión del exmandatario Alan García (2006-2011), Meneses señaló que los informes elaborados por el consorcio, cada vez que se terminaba una etapa de la vía, eran previamente coordinados con el presidente de Ositran, el detenido Juan Carlos Zevallos, y el de la supervisora Alpha Consult, Jorge Peñaranda.
Zevallos es investigado por recibir US$700 mil de Odebrecht a cambio de facilitarle los CAO a la empresa. A Peñaranda, mientras tanto, se le atribuye haber recibido US$2’605,000 en coimas para aprobar sin observaciones la construcción de la IIRSA.
Luego de que la compañía entregaba un informe, se emitía un CAO y luego recibía el pago correspondiente.
Para el tramo 2 de la referida obra se acordó inicialmente una inversión de US$263 millones, pero tras la aplicación de ocho adendas, terminó costando US$1,041’135,146.
Con el tramo 3 se repitió la colusoria mecánica. El contrato original se pactó en US$395 millones y la carretera acabó demandando un gasto de US$1,076’326,727 después de siete adendas. Estos detalles serán incluidos por el fiscal Pérez, quien la próxima semana dará por concluido el caso de Toledo en esta fase para presentar luego la acusación.
Fuente Perú21
