La Municipalidad de Santiago (Cusco) y la de San Román (Puno) tienen en común el descuido con que realizaron la compra y entrega de canastas para población vulnerable en medio de la pandemia. En el primer caso, la Contraloría identificó un cúmulo de irregularidades. Una de las más graves es que la comuna de Santiago adquirió 2 603 canastas sin contar con la lista final de beneficiarios. Se corroboró que son en realidad 2 162. De las 441 canastas restantes se desconoce el paradero final.
Además, de 2 163 identificados 19 fueron registrados hasta dos veces, siendo el número real de necesitados entonces 2 143. Las irregularidades no acaban aquí. Algunos números de DNI no son válidos, incluso hay personas del padrón que no existen en el Reniec. También se identificó que seleccionados tienen como domicilio otras regiones. Además en Santiago se entregó los víveres a gente ya beneficiada con los bonos y Pensión 65.
El gerente de la Municipalidad de Santiago, Rubén Solís, manifestó que Contraloría no les solicitó información. Sobre los beneficiarios “fantasmas”, refirió que el error estuvo en los presidentes de asociaciones y comunidades que consignaron información errónea, pero que a medida que se entregaba las canastas se corrigió. “Con la información (que brindó Desarrollo Social), Contraloría debió contrastar para ver si lo que dice la gerente es correcto o incorrecto. Yo no puedo hablar alegremente dañando la imagen de la municipalidad”, indicó.
En tanto, en Puno, la comisión de fiscalización de la comuna de San Román, en su informe preliminar, pide que el consejo municipal, Ministerio Público y OCI investiguen las anomalías en la entrega de canastas. Así lo informó el regidor William Umpire. Refirió que se desconoce si se realizó la adquisición de 1 030 canastas adicionales con el dinero sobrante de la primera compra.
Fuente La República
