Funcionarios del gobierno peruano tienen tanto miedo de ser acusados de corrupción que han obstaculizado un programa de infraestructura necesario para reactivar el crecimiento económico, señaló un grupo de la industria.
Tras el escándalo de soborno de Odebrecht, los burócratas se han vuelto cautelosos de adoptar decisiones sobre proyectos pendientes por temor a verse implicados en investigaciones sobre corrupción, dijo Gonzalo Priale, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, que representa a las empresas que invierten en asociaciones público-privadas.
La investigación sobre corrupción llamada Lavajato ha llevado a más de una docena de exfuncionarios del gobierno y hombres de negocios a la cárcel en Perú y paralizado las inversiones de Odebrecht en irrigación, carreteras y un importante gasoducto.
El malestar está afectando otros proyectos pendientes público-privados otorgados por administraciones anteriores o pendientes de aprobación, incluido un anillo vial periférico en Lima de US$ 2,000 millones que ha estado esperando años recibir el visto bueno, dijo Priale.
Bajo el programa de asociación público-privada, las empresas, muchas de ellas extranjeras, construyen y operan infraestructura y recuperan su inversión a lo largo del tiempo.
El año pasado se otorgaron solo US$ 1,000 millones en nuevos contratos público-privados, en comparación con un objetivo inicial de US$ 4,000 millones.
El estado de ansiedad ha llegado a tal punto que los funcionarios públicos parecen temerosos de tomar decisiones que pueden resultar impopulares, como la instalación de peajes, dijo Priale.
«Hay una falta de liderazgo al más alto nivel, comenzando con la presidencia» de Pedro Pablo Kuczynski, dijo Priale. «Se requiere mucho más dinamismo».
La oficina de Kuczynski y el Ministerio de Economía y Finanzas no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios.
La culpa no solo está relacionada con el escándalo de Odebrecht. Una controversia sobre el contrato público-privado para construir el aeropuerto Chinchero el año pasado también ha socavado los esfuerzos de Kuczynksi para cerrar un déficit de infraestructura estimado en casi US$ 160,000 millones.
La industria tiene esperanzas de que las cosas comiencen a cambiar pronto, dijo Priale. Proinversión, la agencia gubernamental que administra el programa de asociaciones público-privadas, planea adjudicar US$ 4,500 millones en contratos este año, incluidos dos puertos, un ferrocarril y el depósito cuprífero Michiquillay.
El gobierno también está preparando legislación para evitar que los escándalos de corrupción pongan en riesgo unos 30.000 millones de soles (US$9.300 millones) en inversiones públicas este año, dijo el martes la ministra de Finanzas Claudia Cooper.
Avanzar con un nuevo contrato para el aeropuerto de Chinchero en Cuzco y aprobar los contratos pendientes de hospitales público-privados en el corto plazo enviaría señales alentadoras a los inversionistas, dijo Priale.
Fuente Diario Gestión
