La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato ha vuelto a estar en el centro de la noticia en los últimos días, a raíz de las declaraciones públicas que sus integrantes han dado sobre el monto de la reparación civil que, a su juicio, debería pagar Odebrecht por los actos de corrupción cometidos en el país.

Por ello, vale la pena recordar la importancia de este concepto. Por un lado, la reparación civil es uno de los aspectos en los que la constructora brasileña busca un entendimiento con las autoridades peruanas en el marco del proceso de colaboración eficaz que viene conduciendo el Ministerio Público con algunos de sus ex representantes –habida cuenta de que no existe en el Perú legislación de colaboración eficaz o lenidad para personas jurídicas-. Se espera que este proceso permita descubrir todos los hechos delictivos cometidos e identificar a corruptores y corrompidos por igual.

Por otro lado, es en base a la estimación de la procuraduría que se determina el monto al que debe aspirar el Fideicomiso de Reparación y Retención (creado por el Decreto de Urgencia 003-2017). Este se compone de los ingresos retenidos por el Estado (las retribuciones por obras públicas, por ejemplo) y las eventuales ventas de activos y proyectos en posesión de Odebrecht.

En este contexto, la cifra de S/3.468 millones anunciada por el procurador Jorge Ramírez –y que podría incrementarse, según él mismo ha manifestado– ha causado mucha sorpresa y cierta suspicacia. Para empezar, porque supera largamente los montos que la constructora ha acordado pagar en otros países en los que también cometió actos de corrupción, pero, principalmente, porque el sustento que se ha dado al respecto ha sido bastante pobre.

No parecen muy sólidos, por ejemplo, los S/1.142 millones de daño extrapatrimonial calculados por la procuraduría por el “daño a la imagen y prestigio institucional” causado al país. Un razonamiento tan subjetivo como el que llevaría a creer que la reputación de nuestro Estado se habría mancillado solo por culpa de desalmados corruptores y no por responsabilidad propia.

Tampoco parece claro que en la indemnización se puedan incluir todos los pagos en exceso, incrementos de gastos y sobrevaloraciones encontrados por la Contraloría General de la República en la construcción de la carretera Interoceánica –como pretende la procuraduría–, sin determinar previamente que los supuestos pagos indebidos hayan sido producto de un acto de corrupción. Y también llama la atención que la procuraduría haya considerado de antemano una reparación de S/1.482 millones por el caso del gasoducto sur peruano, cuando la fiscalía aún debe confirmar que haya habido un acto de corrupción en dicho proyecto y las responsabilidades correspondientes(en este caso Odebrecht hasta ahora no ha reconocido haber cometido actos de esa índole).

Es precisamente en la disparidad de criterios y estrategias entre la fiscalía y la procuraduría donde se encuentra quizás el principal problema. Mientras la primera viene priorizando el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades penales, la segunda está dando una apariencia de inclemencia que amenaza con obstaculizar los progresos de las investigaciones. Además, con la tasación exorbitante de la procuraduría se corre el riesgo de desincentivar a otras empresas de reconocer sus culpas y delatar a sus cómplices.

No se trata pues de aceptar cómputos en base al monto de las coimas pagadas como sugiere Odebrecht (para que realmente cumpla su función, la reparación civil debería tomar en cuenta también el daño producido o las ganancias ilícitas). Tampoco es cuestión de descubrir, pues, la pólvora cuando existen metodologías internacionales y objetivas para calcular la indemnización que debe percibir el Estado en este tipo de circunstancias.

Se trata más bien de contar con una procuraduría que tenga un rol efectivamente complementario al del Ministerio Público y que no presente cálculos mal sustentados, que poco contribuyen a la justicia.

Fuente El Comercio

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