Los detractores que esperaban ver a David Mamani Paricahua sentenciado y purgando cárcel por varios años, deberán resignarse y/o quedar contentos, porque las investigaciones que hacía el Ministerio Público por diversos delitos quedarán archivadas.
El extinto exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, antes de fallecer, afrontaba un proceso por la irregular adquisición de cámaras de videovigilancia para el sistema de seguridad en Juliaca; por ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, en enero del 2015, dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra.
En esa virtud, Mamani Paricahua, una vez capturado por la Policía Nacional del Perú, en febrero del 2016, fue recluido en el Establecimiento Penal de Juliaca, donde permaneció durante varios meses, pero cuando se prolongó esta medida, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió trasladarlo al penal de Puno, donde dejó de existir.
En este caso específico, la exautoridad, en el 2011, ejerciendo la alcaldía de la provincia de San Román por segunda vez, dispuso la adquisición de 30 cámaras de videovigilancia y vehículos para el Serenazgo, luego que se declaró en emergencia la seguridad ciudadana en esa provincia, para lo cual se invirtió 1 millón de soles.
Eduardo Alatrista, abogado del difunto, aseguró que el exalcalde solo afrontaba este único caso, y que las demás investigaciones que aperturó el Ministerio Público fueron archivadas. “David Mamani solo tenía pendiente este caso y hemos solicitado la excepción de improcedencia de acción”, dijo.
No obstante, a Mamani Paricahua se le investigó también por la compra de las compactadoras, vía el mecanismo de la declaratoria de emergencia del servicio de limpieza pública, hallado por la Contraloría General de la República.
Según el informe de la Contraloría, en la gestión del fallecido exalcalde se le benefició con la adquisición de 5 compactadoras en forma directa a la empresa Tracto Camiones USA EIRL, por un monto de 2 millones de soles.
Asimismo, en el 2014, el Ministerio Público abrió una investigación en contra de David Mamani, por la construcción del “tobosaurio” que tiene una altitud de 50 metros, donde fallecieron dos menores de edad; este caso, según el abogado Eduardo Alatrista, fue también archivado.
Fuente Los Andes
