En la víspera, este diario publicó en portada un tema que sabíamos que deja a la luz una serie de irregularidades cometidas en la anterior gestión del gobierno regional; y así fue.
A la luz de los hechos es que la Primera fiscalía provincial Penal Corporativa de Tarapoto a cargo del fiscal José Santos Gomero, mediante disposición número uno de fecha 27 de febrero 2023, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el plazo de 60 días contra quienes resulten responsables de la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en su modalidad de falsedad genérica en agravio del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM.
Eso porque, en la nota de VOCES, se demostró que, en la obra mejoramiento de la carretera que se suponía uniría a los Caseríos Nuevo Horizonte y Bolívar, jurisdicción del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, increíblemente dicha obra culminaba en una propiedad privada, que pertenecería a un familiar directo del exgobernador regional Pedro Bogarin; en una obra de 3 millones 882 mil soles, que parece no habría cumplido con lo que se exige en las especificaciones técnicas.
Resulta, que la empresa Consorcio Constructores II, que ejecuta la obra, que se inició el 5 de abril 202 y debía culminar en 120 días calendarios, es decir, el 9 de octubre 2022 pero hasta la fecha, a casi un año de haberse iniciado los trabajos no se han ejecutado.
Por esas razones la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, dispuso también recabarse las declaraciones testimoniales del gerente general del PEHCBM Tedy Castillo Díaz, de Fernando Meléndez Izquierdo, Gerente Regional de Infraestructura y de don Pedro Bogarin Vargas exgobernador regional.
Sobre ello se confirmó que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, ha solicitado el apoyo de la fiscalía de la provincia de Tocache, para que inmediatamente, acudan a la zona para que inicien el trabajo de corroboración de los hechos materia de la denuncia.
Sobre este caso el fiscal José Santos Gomero, explicó que si bien es cierto los hechos materia de la investigación se dieron en la provincia de Tocache, pero la licitación y los contratos se dieron en la sede del PEHCBM en Tarapoto, por esa razón el fiscal Gomero solicitó el apoyo de la Fiscalía de la provincia de Tocache.
Ahora, según lo manifestado por el fiscal Santos Gomero la acción es inmediata, por lo que en el menor tiempo posible la misma Fiscalía Provincial Penal Corporativa irá de manera personal a recabar la documentación en el mismo lugar de los hechos, respecto a todo lo que se informó en este diario.
Fiscal Santos Gomero
El fiscal explicó también que la nueva gestión del Gobierno Regional, mediante sus funcionarios están llamados a ser los primeros en ayudar y facilitar información de todo lo actuado respecto a los proyectos en cuestion, sin antes esperar solicitud alguna de la fiscalía.
Pero, se ha dejado de lado, las presuntas irregularidades, detectadas en la “Construcción del camino vecinal de acceso de la localidad de San José al Centro Poblado Cristino García Carhuapoma” en el distrito de San Rafael, provincia de Bellavista. Ahí, donde ha pagado a la empresa Contratista Consorcio San José, un presupuesto de ejecución, de nada más, ni nada menos que de S/. 15 millones 260 mil 008.29 soles. por tan solo 6 km 704.00 metros.
Una obra presuntamente sobrevalorada donde el ingeniero Fernando Meléndez Izquierdo, gerente Regional de Infraestructura – GRI – del Gobierno regional, quien confirmó que dicha obra aún no está recepcionada.
Como medio de comunicación, cumplimos con nuestra responsabilidad: Ahora toca el trabajo a la Justicia, ahora la fiscalía que le ha puesto ojo al caso pueda culminar con resultados, la prensa, las instituciones y la sociedad civil de la región estarán vigilantes.
Escenarios legales a considerar
Malversación, según el Código Penal señala: El funcionario público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieron destinados, incurrirá en reclusión de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días. meses a tres años.
Además, el artículo 384 del Código Penal señala: Comete el delito el funcionario o servidor público que interviene por razón de su cargo en cualquier etapa del proceso de contratación estatal y concierta voluntades con los interesados para defraudar al Estado
Es decir, cuando un funcionario público da al dinero o bienes que administra un uso definitivo diferente de aquel a la que estaban destinados, afectando el servicio o la función encomendada y en consecuencia al Estado.
Sanciones
Con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años; inhabilitación y con 180 a 365 días-multa. Si el dinero o bienes eran de programas sociales o para fines asistenciales: pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años e inhabilitación con 365 a 730 días multa.
Colusión
Es cuando el servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras o servicios que se le ha encargado.
Fuente Diario Voces
