El Poder Judicial evaluará este jueves el pedido del equipo especial del Caso Lava Jato para dictar prisión preventiva contra 16 árbitros vinculados a presuntos favorecimientos a la constructora brasileña Odebrecht con laudos arbitrales que ocasionaron pérdidas al Estado Peruano.
¿Qué es un árbitro?
El arbitraje es una forma alternativa de resolver conflictos. A través de él, las partes de una controversia –como las derivadas por contratos entre el Estado y una empresas– se ponen de acuerdo previamente para resolver los problemas por esta vía y no en el Poder Judicial.
Las partes –de mutuo acuerdo– deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el conflicto. Se dicta un fallo que se llama «laudo arbitral» que soluciona la controversia de forma definitiva. Contra el laudo solo podrá interponerse un recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación.
Según la Ley General de Arbitraje, el arbitraje puede ser ad hoc o institucional. Es decir, que sea conducido por un tribunal arbitral elegido directamente u organizado y administrado por una institución arbitral.
¿A quiénes alcanza el pedido de prisión preventiva?
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 36 meses de prisión preventiva para varios abogados, por el Caso Arbitrajes, entre los que figura Humberto Abanto Verástegui, defensor de Jaime Yoshiyama en la investigación a Keiko Fujimori y los aportes de campaña al partido político Fuerza Popular.
También, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Humberto Abanto, Alejandro Álvarez Pedroza y Ramiro Rivera Reyes.
Del mismo modo, para Franz Kundmuller, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco, Daniel Linares Prado y Emilio Cassina Ramón.
Este caso comenzó meses atrás. El 5 de febrero, por ejemplo, el fiscal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial del Ministerio Público, informó sobre la investigación a los árbitros por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la constructora brasileña recibir millonarios pagos del Estado Peruano.
El fiscal Juárez había allanado los inmuebles de siete investigados (cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones). La solicitud de allanamiento con incautación se hizo para los inmuebles de 21 investigados por el caso. En total, el requerimiento era para 50 propiedades. Sin embargo, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, declaró infundado el pedido para los inmuebles de 14 de 21 investigados.
El rol de los árbitros
Para el Ministerio Público, los investigados –en su condición de árbitros– habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita.
“Los árbitros mencionados habrían aceptado y recibido donativo [dinero] con la finalidad de no solo influir sino, además, de decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa Odebrecht”, precisó el fiscal en su solicitud de allanamiento al Poder Judicial.
El fiscal Juárez señaló, cuando anunció la investigación, que la forma de operar en este caso habría sido permitir que se introduzcan adendas direccionadas en los contratos firmados con Odebrecht para luego demandar al Estado por sumas millonarias, las mismas que eran resueltas por un tribunal arbitral.
El pago al árbitro Horacio Cánepa Torre
En mayo del 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, exfuncionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.
La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, quien tiene una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales.
“La línea de la investigación apunta a que la cuenta en Andorra era producto de las coimas, no solo para él, sino que también daba a otros árbitros que formaban el tribunal y fallaban a favor de Odebrecht», afirmó Juárez.
La declaración de un aspirante a colaborador eficaz
La ampliación de la pesquisa fiscal fue debido a nuevos indicios, así como la declaración del aspirante a colaborador eficaz 14-2017, quien reveló cómo habría operado esta presunta red.
Según el aspirante a colaborador eficaz, cuyo testimonio fue revelado en febrero, hubo una entrega de “dinero ilícito” de Odebrecht para los árbitros que conocían las controversias que mantenía con el Estado, como el arbitraje por la carretera Interoceánica Norte-gastos adicionales y la Vía de Evitamiento de la Interoceánicia en Tarapoto.
Afirmó también que cuando se emitían los laudos, el MTC pagaba «de manera inmediata» a la empresa y no presentaba acción alguna (en la vía arbitral y del Poder Judicial).
De los 13 los fallos arbitrales que investiga la fiscalía, diez fueron resueltos en favor de Odebrecht por unanimidad y tres en contra.
Fuente El Comercio
