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Cautela entre bancos para dar cartas fianza a empresas investigadas

Cautela entre bancos para dar cartas fianza a empresas investigadas

Una vez más, las comisiones de Economía y Justicia del Congreso decidieron prolongar el debate del proyecto de ley que se espera reemplace al Decreto de Urgencia 003 y garantice el pago de una reparación civil cuando las empresas se ven involucradas en actos de corrupción.

Ante ello, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) advirtió que esta demora puede generar un riesgo sistémico en la economía y la ruptura de la cadena de pagos en diversos sectores del país.

De acuerdo a información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alrededor de 250 proyectos están comprometidos en esta norma, los cuales en conjunto significarían un monto de inversión de S/30,000 millones. Óscar Rivera, presidente de Asbanc, recordó que el DU 003 vencerá definitivamente el próximo 13 de marzo. “Esto preocupa al sector financiero, pues muestra que dicho dispositivo legal no ha cumplido con su objetivo y requiere ser reemplazado urgentemente por una mejor norma”, indicó.

CADENA DE PAGOS

Rivera explicó que los bancos se encuentran imposibilitados de otorgar nuevas cartas fianza a empresas en riesgo de sufrir medidas cautelares por casos de corrupción.

“Otorgarlas, tal y como están las cosas, sería arriesgar los ahorros de los clientes, porque no habría garantías de que dichas empresas cuenten con la solvencia futura para afrontar sus deudas”, señaló.

Cabe señalar que solamente por el caso “Club de la Construcción” existen S/3800 millones comprometidos en cartas fianzas y cauciones dentro del sector asegurador. No obstante, el 97% está respaldado por contratos de reaseguros, de acuerdo a datos de Apeseg.

En el Congreso, los parlamentarios de diferentes bancadas mostraron posiciones en contra del proyecto. Marisol Espinoza, congresista de Alianza Para el Progreso, cuestionó el monto de inversión entrampado por el proyecto de ley y agregó que algunos de esos proyectos no están directamente involucrados con Odebrecht o el caso “Lava Jato”.

“Si bien la obra puede estar físicamente construida, todavía queda un gasto por hacer por parte del Estado, vinculado a operación y mantenimiento”, indicó el viceministro de Economía César Liendo.

Fuente Diario Correo

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