Pagan las consecuencias. Al menos 17 empresarios son los que han sido sentenciados hasta la fecha dentro del caso «Los Temerarios del Crimen», aunque todos ellos a penas suspendidas al haberse acogido a la terminación anticipada, es decir, confesar sus delitos.
Sin embargo, como consecuencia de dichas condenas, estos contratistas han quedado impedidos de contratar con entidades públicas, una sanción que, si nos guiamos por la misma Ley de Contrataciones del Estado, repercute también en las empresas con las que han estado ligados.
El caso más reciente, como se recuerda, ocurrió a mediados del mes pasado, cuando Juan Chávez Sánchez recibió una condena de 3 años y 4 meses de cárcel suspendida tras admitir que entregó una coima de 63,000 soles al exalcalde David Cornejo Chinguel, hoy bajo prisión preventiva.
EN APRIETOS
En julio de este año, la Fiscalía reveló la tercera lista de implicados en «Los Temerarios», compuesta esta vez por una gran cantidad de empresarios sindicados de entregar dinero a cambio de conseguir la buena pro de obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Poco después, se conocería que prácticamente todos los detenidos de aquella tercera lista se habían acogido a la terminación anticipada, lo cual les permitió conseguir sentencias de prisión suspendida por el delito de cohecho activo genérico.
Estas personas también tuvieron que pagar distintas sumas monetarias como parte de la reparación civil a favor del Estado, pero además, cabe indicar que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado (N° 30225) menciona que están impedidas de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas «las personas naturales condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias», entre otros ilícitos.
De igual manera, en caso de quienes «directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente». Según la norma, esta sanción también se extiende a «las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas» se encuentren en la situación antes descrita.
Como se recuerda, en julio de este año fueron sentenciados los empresarios Carlos Alfonso Yafac Vallejos, Walter Alfonso Ríos Villacorta, Walter Ríos Flores, Luis Paul Cabanillas Flores, Edilberto Chaupe Gutiérrez, Manuela Giovani Tenorio Zavala, Amilcar Solís Rodríguez Briceño, Cosme Vásquez León y Jimmy Imaña Tamay.
Asimismo, en el caso de Yuri Hamiltong Campos Silva, Juan Francisco Torres Mora, Tomás Aguilar Valdera, Wilmer Raúl Bernales Ycanaqué y Lenin Becerra Dávila.
No obstante, ya a inicios del mismo mes había sido condenado otro contratista, Ángel Espinoza Castro, a dos años y tres meses de cárcel suspendida, por haber entregado 80,000 soles de coima a David Cornejo a cambio de ser favorecido en la licitación de compra de llantas para la flota vehicular de la MPCh. Él también aceptó los cargos en su contra.
Por último, en agosto, Roger Humberto Obando Bardales hizo lo propio y admitió haber entregado coimas por un total de 70,000 soles a exfuncionarios de la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel).
CARTA
Un caso particular es el del empresario Oswaldo Huamán Aguilar, quien el mes pasado solicitó acogerse a la terminación anticipada (el 24 de octubre ingresó el documento al Poder Judicial en el cual se solicitó fecha para la audiencia respectiva). Meses antes, el 15 de agosto, Huamán Aguilar narró ante el Ministerio Público lo que le habría ocurrido tras ganar en una licitación para el servicio de seguridad de la comuna de Chiclayo, en el 2015.
Según Huamán, fue llamado a la oficina del exjefe del Centro de Gestión Tributaria (CGT), Nilton Monje Sampén, quien, junto al exregidor Juan Carlos Pérez Bautista y el exfuncionario Orlando Niño, le dijeron que Cornejo no quería que le otorguen la buena pro e iban a declarar nulo el proceso, a menos que él acepte pagar la suma de 40,000 soles.
El contratista terminó negociando y llegó a pagar 20,000 soles, tras lo cual obtuvo la buena pro, sin embargo, luego los mencionados personajes le pedirían prestado hasta S/ 15,000. Al ver que no le devolvían el dinero, Huamán remitió una carta a Cornejo, pero exigiéndole el pago de S/ 32,000, una suma mayor a la real.
Fuente Diario Correo
