La fiscal Anticorrupción de Lambayeque, Karim Ninaquispe, señaló que un informe policial concluyó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) contrató locadores para servicios específicos que no se ejecutaron. Es por eso que no descarta formalizar la investigación preparatoria con medidas coercitivas (prisión preventiva).
La autoridad fiscal señaló a La República que su despacho recibió documentación referida a la contratación de 100 locadores. “Son muchos los documentos que se examinan con mucho cuidado y en el marco de la norma”, expresó.
En esa línea, precisó que la investigación corresponde solo a hechos que habrían ocurrido en 2019 y se realiza de manera conjunta con la Policía Anticorrupción.
Ninaquispe anotó que la investigación preliminar contra los que resulten responsables permitió realizar diligencias y acopiar documentación. Tal es así que la Policía tomó declaraciones de los locadores que figuran en los documentos.
De esta manera, remarcó que se estableció que hay servicios específicos que no se brindaron a la comuna, incluso contratos direccionados que representan un perjuicio al Estado.
Peculado y negociación incompatible
Al contar con la documentación de la Policía, Ninaquispe aseguró que no descarta entablar investigación preparatoria al tener identificados a los presuntos responsables de los delitos de peculado y negociación incompatible.
Agregó que dicha etapa de investigación comprendería medidas de coerción personal (prisión preventiva). “Se analiza el caso a profundidad a fin de contar con todos los elementos”, subrayó.
No obstante, señaló que el Código Procesal Penal establece ocho años de cárcel para el delito de peculado cuando el monto afectado supera las 10 (UIT), mientras el ilícito de negociación incompatible se sanciona con una pena no menor de cuatro años de prisión.
Consultado sobre el tema, el alcalde encargado de la comuna, Junior Vásquez, respondió que el Ministerio Público es autónomo en sus investigaciones, y si hay funcionarios responsables, tendrán que responder a la justicia.
Fuente La República
