chiclayo_las_artimanasDetecta que limitaba la participación de postores exigiendo excesivos requisitos en las bases de las licitaciones, con apoyo de 9 exfuncionarios que integraron el Comité Especial de la MPCh

La Fiscalía no solo cuenta con testimonios de colaboradores eficaces para demostrar que durante la gestión del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, se “direccionaban” las obras a favor de determinados empresarios; sino también informes de la Contraloría General de la República (CGR) donde se advierte esta situación irregular.

Al revisar cada una de las conclusiones que el órgano contralor esbozó respecto a las obras de “El Jefe” se advierte la modalidad que empleaban “Los Limpios de la Corrupción” para “amarrar” los procesos de licitación y lograr así, que resulten ganadores de la buen pro, aquellos contratistas con los que ya habían llegado a un “arreglo”.

BASES. La más resaltante y que se repite en cada proceso de adjudicación que convocaba la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), es la forma cómo exigían estudios y capacitaciones dentro de las bases administrativas, a los integrantes de las empresas constructoras que se presentaban como postores.

Por ejemplo a un asistente de obra se le exigía acreditar los siguientes estudios: seminario internacional de capacitación de postgrado con actividades en obras de infraestructura vial, sistema de operaciones de tránsito, diplomado de tecnología de los pavimentos asfálticos, diplomado en ingeniería y gestión ambiental y auditorías ambientales.

“Respecto a este rubro (estudios y capacitaciones) se advierte requisitos específicos excesivos y no razonables, con lo cual se estaría buscando la limitación de postores. De esta manera se transgredió los artículos 4, 13 y 26 de la Ley de Contrataciones del Estado, que regula el principio de libre concurrencia, competencia, imparcialidad y transparencia”, consta en la hoja informativa N° 29 – 2015 que emitió la CGR respecto a la obra de remodelación del complejo deportivo Augusto Bernal Ramírez.

Son un total de 15 informes los que la CGR ha remitido a la Fiscalía, enumerando cada una de las irregularidades que cometieron los exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

En otros casos, como por ejemplo la licitación para la obra de pavimentación en las urbanizaciones Federico Villarreal, San Eduardo, Santa Victoria y Arturo Cabrejos Falla, la MPCh suscribió contrato con el Consorcio Vial Chiclayo, pese a que no cumplieron con entregar los documentos exigidos en las bases.

Del mismo modo, respecto al proyecto de pavimento rígido en el pueblo joven César Vallejo, se incluyó dentro de los Requerimiento Técnicos Mínimos (RTM) a un gerente de obras que no formaba parte del presupuesto establecido en el expediente técnico.

TESTIMONIO. En algunos casos estas irregularidades eran advertidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) y notificaba al Comité Especial de la MPCh para exigirle que corrija las observaciones.

En el peor de los casos, el Osce pedía al exalcalde Roberto Torres que retrotraiga la licitación a la integración de las bases, generándole problemas pues los contratistas ya habían cumplido con entregarle el “diezmo”.

Esto le sucedió a “El Jefe” con dos ingenieros que fueron contratados para supervisar obras de pavimentación. Según lo narró el exsubgerente de Logística, Segundo Alcántara Chávez, la intervención del Osce hizo que se retrasara la licitación para contratar el servicio de supervisión de las obras de pavimento rígido y veredas en el casco central de Chiclayo y en el pueblo joven César Vallejo.

El exfuncionario precisó que cuando por fin obtuvieron la autorización del Osce para otorgar la buena pro, las obras ya se encontraban en un avance de 75%; por lo que consultó la opinión del exgerente de asesoría legal de la MPCh, Raúl Porturas Quijano, quien emitió un informe recomendando que se anule los contratos y se hagan addendas solo por el porcentaje restante de ejecución en cada obra.

“Elaboré las addendas a los contratos iniciales y notifiqué a los consorcios mediante carta, para que firmen las addendas, apersonándose los señores Edwin Gomez Díaz por el consorcio San Antonio y Miguel Gayoso Vásquez por el consorcio Pedro Ruiz, manifestándome Gayoso Vásquez que no firmarían las ademas porque no iban a perder plata, refiriéndose a que ya le habían entregado 100 mil soles”, reveló.

Sobre el particular, la Fiscalía también cuenta con el testimonio del colaborador eficaz N° 70 – 2014, quien aseguró que la supervisión de las obras antes citadas, fueron negociadas y direccionadas por el exsubgerente de Estudios y Proyectos, Alonso Sánchez Vásquez.

“Luego de haberse otorgado la buena pro a las respectivas empresas, se acercaron las personas de Miguel Gayoso y Edwin Gómez a la vivienda de Carlos Mendoza Oliden (exgerente de Infraestructura) y le entregaron un sobre manila abierto que contenía la suma de 100 mil soles correspondiente al 20% del total del monto de ambas supervisiones, dinero que fue entregado por Mendoza Oliden de manera directa al alcalde Roberto Torres en su vivienda ubicada en la avenida Sáenz Peña”, consta en la carpeta fiscal N° 2447 – 2014.

IMPLICADOS. Quienes han sido identificados por la Fiscalía como las personas que ayudaron a “El Jefe” a direccionar las obras y permitir que obtenga dinero ilícito mediante el pago de coimas, son 9 exfuncionarios.

Se trata de trabajadores de confianza del exburgomaestre Roberto Torres que integraron el Comité Especial de Licitaciones de la MPCh que – según sendos informes de la CGR – incurrió en diversas irregularidades para favorecer a determinados contratistas.

Ellos son: Carlos Mendoza Oliden y William Germán Solorzano Sipión (exgerentes de Infraestructura); Leander Hibam López Linares, Segundo Deodato Alcántara Chávez y Mercedes Janina Ramos Suyón (exsubgerentes de Logística); Ernesto Alonso Sánchez Vásquez (subgerente de Estudios y Proyectos); Fernando Fernández Bravo (subgerente de Tesorería y Finanzas), Rubén Stalin Rafael Campos y Magda Rioja Díaz (exgerentes de Planeamiento y Programación).

En su última disposición, donde amplía la investigación preparatoria contra nuevos imputados, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco, sostiene que el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres solicitó dádivas o “diezmos” a los contratistas de manera indirecta por intermedios de sus funcionarios.

El magistrado refiere que “El Jefe” se valió de los funcionarios responsables de conducir los procesos de contrataciones públicas para perpetrar su cometido y en otras ocasiones participó de manera directa en el “direccionamiento” de los procesos de licitación.

Por estos hechos el citado fiscal incluyó a todos los exfuncionarios antes citados en el proceso penal de “Los Limpios de la Corrupción” y también a los representantes legales de las empresas constructoras que le entregaron coimas a “El Jefe”. Incluso al presentar la formalización y ampliación de la investigación preparatoria, ser reservó el derecho de solicitar prisión preventiva para un grupo de 15 imputados.

Fuente Diario Correo

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