Pese a que el informe médico de los exámenes practicados a Roberto Torres Gonzales no menciona enfermedad alguna que le impida comparecer ante una autoridad judicial, el exalcalde de Chiclayo volvió a ausentarse ayer en una diligencia programada por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Wilson Medina Medina, aquejando un “mal estado de salud”.
Ayer se realizó audiencia por compras fraccionadas de combustible de Municipalidad Provincial de Chiclayo.
En este proceso se investiga la compra fraccionada de combustible en la comuna de Chiclayo a proveedores que habrían sido favorecidos irregularmente. La acusación es contra Roberto Torres Gonzales, Misael Delgado Mendoza y Manuel Yarlaque, a quienes se les imputa el delito de omisión de actos funcionales.
COLUSIÓN. También han sido considerados en esta investigación la proveedora Ruth Zúñiga López y la exsubgerente de Logística, Yolanda Benavides Campos. Ambas son acusadas del delito de colusión en agravio del Estado y la comuna de Chiclayo.
Según indicó la fiscal Nelly Chambergo, la proveedora Ruth Zúñiga facturó 176 mil 412.17 nuevos soles incumpliéndose los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado; mientras que Yolanda Benavides, lejos de convocar a un proceso de licitación, optaba por las compras fraccionadas o compras directas, según la magistrada.
ENFERMOS. El exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, no fue el único que dijo sentirse enfermo para evitar estar presente en la audiencia, pues la proveedora Ruth Zúñiga López también tuvo el mismo argumento para ausentarse. Esto fue aceptado por el juez Wilson Medina, toda vez que sus abogados continuaron en la diligencia.
Durante la audiencia el acusado Misael Delgado pidió el uso de la palabra para defenderse diciendo que “no tuvo injerencia en los proceso que realizaba la Subgerencia de Logística”.
Archivo. Asimismo, los abogados de los imputados Roberto Torres, Misael Delgado, Ruth Zúñiga, Manuel Yarlaque y Yolanda Benavides hicieron uso de la palabra para argumentar el pedido de sobreseimiento del caso.
Por el contrario, la fiscal Nelly Chambergo solicitó que continúa la investigación y se incluya en la misma a los proveedores Walter Rojas Salinas ( representante legal de la empresa Chota) y Emperatriz Rosario Merino Junco; toda vez que, según dinció, también se habrían favorecido en la compra fraccionada de combustible que se hizo en la comuna.
PENAS. En este caso, la Fiscalía solicitó para el exburgomaestre Roberto Torres y para el exgerente municipal Misael Delgado, dos años de cárcel por el delito de omisión de actos funcionales; para la exsubgerente de Logística, Yolanda Benavides la pena de 5 años de cárcel; y para la proveedora Ruth Zúñiga una de pena de 8 años de cárcel.
En tanto, el procurador Público Anticorrupción, Manuel Benavente Millán, solicitó una reparación civil de 1 millón de soles, basado en un informe técnico de las afectaciones que sufrió el Estado Peruano.
El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Wilson Medina Medina, concluyó que en el plazo establecido por ley (15 días como máximo), emitirá una resolución, resolviendo el pedido de sobreseimiento.
Fuente Diario Correo
