El dramático aumento de los residuos sólidos ha puesto en jaque a la ciudad de Chiclayo. “La salud pública está en riesgo”, precisó la Defensoría del Pueblo, sin embargo, aseguró que no se evidencia una atención oportuna de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) al problema ambiental.
En 2017, el Ejecutivo aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, documento que se suma a las obligaciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades a fin que las comunas establezcan los planes operativos que garanticen una adecuada limpieza pública.
¿Pero en qué medida la MPCH cumple sus funciones para evitar la contaminación ambiental y así disminuir la afectación en la salud?
Todo indica que, pese a la pandemia por el nuevo coronavirus, la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas no encuentra la brújula para mejorar el tratamiento de la gestión de los residuos sólidos.
Así lo precisó el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, y el regidor, Orlando Puell Varas. En tanto, La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana de Lambayeque han expresado su preocupación y han dispuesto acciones.
Riesgo inminente
El punto de quiebre de esta problemática es la falta de logística, tal como lo reconoce el ayuntamiento, que entre febrero a abril de 2021 lanzó las licitaciones n.° 1 y 2 para la compra de siete compactadoras valuadas en S/ 3 130 417, pero fueron observadas por la Contraloría General de la República a consecuencia de un presunto direccionamiento, deficiente reformulación del expediente de control y de las bases de administración.
Tras el fracaso de dichos procedimientos, el burgomaestre informó que la adquisición de las unidades móviles se realizaría conjuntamente con el Gobierno regional, que tampoco llegó a buen puerto, debido a las restricciones que establece la norma.
En ese vaivén de propuestas, la MPCH aseveró que está en marcha la Licitación Pública n.° 3 para la adquisición de 14 compactadoras valorizadas en más de S/ 8,3 millones.
Marcos Gasco en una entrevista con los medios de comunicación precisó que este proceso se encuentra en la etapa de integración de bases.
Lo cierto es que el procedimiento ya ha sido observado por la empresa Perú Business conforme a los documentos a los que tuvo acceso La República.
Acciones ante OSCE
Fue el 17 de setiembre del año en curso, que dicha empresa remitió una carta al comité especial para informar su disconformidad respecto a las observaciones formuladas por los participantes de forma contraria a la normativa, lo que generaría –advirtió- la nulidad por un presunto direccionamiento. En ese sentido pidió elevar los actuados al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a fin que se pronuncie.
Perú Business remarcó que el comité especial contraviene la ley al realizar un cambio en la capacidad de carga del eje posterior de las compactadoras, que favorecería a una marca determinada. Además, subrayó que se vulnera el expediente técnico y el estudio de mercado preliminar.
Fuente La República
