Cuando parecía que el proyecto Majes Siguas II se encaminaba a concretarse y ser la solución para el problema del agro en el país, el caso del Club de la Construcción se encargó de desbaratar estas nuevas esperanzas y poner en riesgo su ejecución.
La empresa Cosapi, una de las integrantes del consorcio Angostura Siguas que ejecuta el proyecto agroenergético, también es investigada por pertenecer a este grupo de empresas que presuntamente concertaban para repartirse obras adjudicadas pagando coimas.
En un listado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ministra Claudia Cooper, dio a conocer 252 proyectos públicos que están paralizados por responsabilidad del Club de la Construcción, entre ellos está Majes Siguas II.
La gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, reconoció que el riesgo que corre Majes es alto y para ello el Congreso de la República debe aprobar las normas para salvaguardar la ejecución de los proyectos públicos.
Osorio se refiere al proyecto de ley 2408 que busca reemplazar al Decreto de Urgencia 003. La norma tiene por objetivo asegurar la continuidad de la cadena de pagos y de los proyectos de inversión mientras se salvaguarda la reparación civil a favor del Estado.
«Si no se aprueban estas normas no se qué pueda pasar. Cosapi está bajo la lupa y evidentemente si no hay decretos claros puede haber problemas», dijo.
Para la gobernadora las medidas que se adopten depende de la aprobación de la ley que se está debatiendo en el Congreso, específicamente en las comisiones de Economía y Justicia, las cuales postergaron el debate de la norma hasta mañana.
De no aprobarse la norma en el Congreso, la gobernadora señaló que las reglas no estarán claras y se deberá realizar una evaluación de la concesión del proyecto al consorcio constructor.
«El reinicio de Majes Siguas no solo depende del cambio tecnológico. Nosotros como entidad queremos saber que reglas habrá sobre estas investigaciones, teniendo en cuenta que Cosapi está involucrada en el Club de la Construcción», sentenció.
Osorio se animó a comparar lo sucedido con la empresa ICCGSA que ejecutaba la Variante de Uchumayo, a la cual se le rescindió el contrato por su incumplimiento.
«Resolver el contrato es más complicado porque no hablamos de una obra por contrata, sino de una concesión donde el consorcio debe hacer el cierre financiero y para que lo hagan ambas empresas tienen que acreditar que no tiene ningún riesgo», finalizó.
No avalamos ningún acto corrupto
Osorio tampoco dejó pasar la oportunidad para referirse a las delaciones de Jorge Barata, las que confirman la entrega de dinero a representantes de diversas agrupaciones políticas, entre ellas la del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
«Todas las investigaciones tienen que continuar y queremos decir desde Arequipa que nosotros no avalamos ningún hecho de corrupción y estamos expectantes al proceso», dijo.
La gobernadora también dio un jalón de orejas a las bancadas que proponen una nueva moción de vacancia. ¿Qué partidos nos representan en el parlamento? ¿Quién puede hablar de moral ahora?, si la mayoría están involucrados en este caso.
Fuente La República
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