Funcionarios de Provías Nacional adjudicaron 17 obras públicas por 4 mil 137 millones de soles a empresas integrantes del ‘Club de Construcción’ a cambio de pagos ilegales, según pudo comprobar el Equipo Especial del caso Lava Jato.
A partir de la declaración de cuatro colaboradores eficaces, la verificación documental de transferencias de dinero en el país y en el extranjero, y la declaración de numerosos testigos, el fiscal Germán Juárez Atoche pudo constatar que las constructoras, una vez que resultaban ganadoras de las licitaciones simuladas por Provías Nacional, cumplían con abonar los sobornos acordados. De acuerdo con las delaciones del operador de los constructores, Rodolfo Prialé de la Peña, y del operador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional, Carlos García Alcázar, el monto de la coima representaba el 3% del total del proyecto asignado. Una proyección sobre la base de las 17 obras entregadas al ‘Club de la Construcción’, el desembolso de los sobornos alcanzaría los 124 millones de soles.
Son 25 las constructoras implicadas en las adjudicaciones direccionadas en colusión con funcionarios del MTC y Provías Nacional.
Fuentes relacionadas con la investigación del caso consultadas por La República precisaron que las 17 obras públicas identificadas es un número inicial y que podría aumentar hasta 50. «Para la solicitud de la ampliación de la formalización de investigación preparatoria contra más empresarios, más funcionarios del MTC, de Provías Nacional y otros implicados, se documentaron esos 17 casos, pero la lista aumentará considerablemente cuando comiencen los interrogatorios y los eventuales colaboradores eficaces comiencen a confesar», indicaron las fuentes.
La modalidad con que actuaron los autores del direccionamiento de los millonarios proyectos de infraestructura vial, es exactamente la misma que la constructora Graña y Montero, informó al fiscal Germán Juárez Atoche, como parte del proceso de colaboración eficaz que ha requerido la empresa. Consistió en que las compañías interesadas en obtener las adjudicaciones de Provías Nacional, por intermedio del operador Rodolfo Prialé, expresaban su deseo de intervenir en las licitaciones. Prialé lo comunicaba al exasesor del MTC Carlos García, y este organizaba todo con su amigo José Paredes Rodríguez y el hermano de este, el exministro Carlos Paredes Rodríguez. Estos tenían de su parte al titular de la Unidad de Gerencia de Obras de Provías Nacional, quien elegía a los miembros del Comité de Licitación para que favorecieran a la constructora o al consorcio de turno.
Por su parte, las empresas participantes concertaban a quien le tocaba el turno de quedarse con una obra. Acordaban que, para que la elegida ganara la licitación, esta presentaba una oferta muy baja y el resto propuestas más altas. Los miembros del comité, por supuesto, simulaban adjudicar el proyecto a la mejor oferta. Era un montaje descarado.
Cada pieza en su sitio
Tal como Graña y Montero lo confesó ante el fiscal Juárez, en todas las licitaciones se repitió el mismo patrón de concertación que el ‘Club de la Construcción’ aplicó para apoderarse de las millonarias obras. Esto sucedió cuando se licitó la rehabilitación de la carretera Quilca-Matarani. El Consorcio Vial Quilca Matarani (OAS, Cosapi y Obrainsa) ofertaron 553.3 millones de soles, mientras que el Consorcio Vial del Sur (ICCGSA y Graña y Montero) propuso 555.6 millones y el Consorcio Vial Ilo (Hidalgo e Hidalgo y CASA) ofreció 555.8 millones de soles. El Comité de Licitación, obviamente, escogió a la primera oferta. Todos sabían que estas empresas eran parte del ‘Club de la Construcción’ y que la licitación pública solo era un simulacro. Siempre ganaba una de ellas.
En este caso participaron como miembros del Comité de Licitación Juan Páucar Guerra y Selvi Ruberto Vargas, quienes fueron parte de la concertación en beneficio del ‘Club de la Construcción’. Como puede notarse en el recuadro adjunto, también intervinieron en otras licitaciones adjudicadas a las mismas constructoras mafiosas.
El equipo especial estableció que la modalidad del pago de sobornos se hacía de dos formas, como puede constatarse en la documentación que los colaboradores eficaces proveyeron y el fiscal Juárez consiguió en las incautaciones que cumplió en las viviendas de los implicados: las constructoras pagaban los sobornos mediante transferencias a cuenta de supuestos servicios ofrecidos por empresas de Rodolfo Prialé en el Perú y en el exterior. La otra modalidad era el pago en efectivo que hacían los representantes de las empresas favorecidas con las licitaciones. Estos contactos han sido confirmados por el levantamiento de las comunicaciones entre los implicados. El fiscal Juárez pudo documentar que después de cada adjudicación en beneficio del ‘Club de la Construcción’, se producían las llamadas telefónicas entre los imputados, y también se producían encuentros reservados en restaurantes cuyos administradores entregaron copias de los recibos por consumo a nombre de los representantes de las constructoras. La línea de tiempo los ha delatado.
Lo mismo sucedió en el caso de la licitación para la rehabilitación de la carretera Huaura-Sayán-Puente Tingo. Solo se presentaron el Consorcio Vial Huaura (Andrade Gutiérrez y JJC), que ofertó 531.4 millones de soles, y el Consorcio Sayán (Queiroz Galvao y Constructora Recife), que propuso 534.9 millones de soles. Solo participaron los integrantes del ‘Club de la Construcción’ y, para que resultara fácil la adjudicación, formó parte del Comité de Licitación Renzo Fernández Prada Ríos, uno de los imputados por la fiscalía.
Después de que Provías Nacional firmó el contrato con el Consorcio Vial Huaura, se suscribió el 5 de abril de 2013, el representante de Andrade Gutiérrez, Edgar Unzueta Zegarra, integrante del consorcio ganador, abonó en tres partes 809 mil 955 dólares a la cuenta del operador Rodolfo Prialé en el Inteligo Bank. Era el pago del soborno comprometido.
Fuente La República
