Lima, oct. 13 (ANDINA). La comisión que investigará los presuntos actos de corrupción del anterior gobierno tendrá que levantar el secreto bancario y tributario de los implicados, como parte de las medidas legales para una labor minuciosa, sostuvo hoy Yonhy Lescano, integrante de ese grupo de trabajo.
“Utilizaremos todas las herramientas legales que sean necesarias, como el peritaje, el levantamiento del secreto bancario, tributario, telefónico, todo en el marco de lo que permite la ley”, agregó.
Subrayó que ese grupo de trabajo “definitivamente” citará a los exministros y altos exfuncionarios de régimen anterior, dirigido por el exmandatario Alan García Pérez.
Adelantó que la próxima semana, el grupo parlamentario se reunirá para definir quién presidirá dicha comisión, la agenda de la investigación así como los mecanismos de trabajo.
La comisión está conformada, además de Lescano, por los parlamentarios Javier Diez Canseco Cisneros, Omar Chehade Moya y Sergio Tejada Galindo (Gana Perú); Carlos Tubino Arias Schereiber y Pedro Spadaro Philipps (Fujimorista); y Enrique Wong Pujada (Alianza por el Gran Cambio).
Lescano refirió que también está pendiente que los integrantes de este grupo definan si las sesiones serán públicas o privadas o en qué situaciones se aplicará una “fórmula mixta”.
“Considero que algunas sesiones deben ser públicas por una cuestión de transparencia, y otras privadas por un asunto de objetividad”, opinó.
Lescano destacó el carácter multipartidario de la comisión, que integran legisladores del oficialismo y la oposición, y añadió que ello posibilitará trabajar con la mayor objetividad y rigurosidad que estos casos ameritan.
El pleno del Congreso aprobó hoy la conformación de la comisión investigadora que evaluará las denuncias de irregularidades y eventuales delitos cometidos durante el gobierno anterior, que encabezó Alan García.
Este grupo contempla investigar y comprobar los posibles ilícitos generados a partir de decretos de urgencia y decretos legislativos emitidos durante el gobierno aprista para la ejecución de obras; las presuntas irregularidades en el otorgamiento de las conmutaciones de penas e indultos otorgados, evaluar la posible existencia de una red ilícita para delinquir, entre otros aspectos.
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GRM
Fuente ANDINA
