Las licitaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo durante la emergencia santaria nuevamente están bajo sospecha. La gestión del alcalde Daniel Marcelo firmó contratos para adquirir canastas con víveres, valorizadas en S/ 142,976, con una empresa cuyo gerente está inhabilitado para participar en procesos de selección y, pese a ello, fue quien dirigió y rubricó la compra.
CASTIGADO
El empresario Jhonny Richard Vega Zavaleta, según la Sunat, figura como gerente general de la Corporación Zasojari S.A.C. desde el 1 de agosto del 2017. Él, según las órdenes de compras y contratos a los que Correo tuvo acceso, estuvo a cargo de la venta de productos que el municipio entregó a personas vulnerables por la emergencia sanitaria y a trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental (Segat).
Este Diario accedió a la Resolución N°2747-2019-TEC-S4 del Tribunal de Contrataciones del Estado, del 2 de octubre último. Ahí se da cuenta que Johnny Vega fue sancionado con 40 meses de “inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo al marco y de contratar con el Estado”.
El expediente precisa que la sanción se dio “al haber presentado documentación adulterada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N°001-2017/HOSP.REG.II-2-JAMO-TUMBES, para la contratación de suministros de bienes ‘Adquisición de frutas y verduras para el Hospital Regional Jamo de Tumbes’, convocada por el Gobierno Regional de Tumbes”.
El empresario por ese entonces integraba el Consorcio Maru Alimentos y Bebidas E.I.R.L, que también fue castigado por el mismo periodo.
Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), están impedidos de concertar con el Estado “personas jurídicas en las que los socios, accionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, formen o hayan formado parte de empresas sancionadas en los últimos 12 meses de impuesta la sanción; o que como personas naturales hayan sido sancionadas”.
SOSPECHOSO
Pese a estas evidencias, el municipio de Trujillo, con carta N° 35-2020-MPT/GAF-SGA, del 6 de abril, solicitó al representantes legal de Zasojari S.A.C., Johnny Vega, haga la “cotización urgente referente a la adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar”.
El 8 de abril, el empresario señaló que tenía 500 canastas listas para entregar. El precio era de S/ 100 cada una, lo que haría un total de S/ 50,000. Ese mismo día, la comuna aceptó la cotización y, horas después, Vega entregó los productos al Almacén General del municipio, según la Guía de Remisión N° 303 que él firmó y que tiene sello edil.
Además, el empresario remitió a la Oficina de Abastecimiento la autorización para el pago correspondiente. También envió una declaración jurada en donde aseguró “no estar inmerso en ninguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 248 de su reglamento”.
“(Declaro) No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad”, señala en su declaración jurada.
La Subgerencia de Abastecimientos, en tanto, validó la licitación el 14 de mayo a través del acta de otorgamiento de la buena pro N°002-2020-MPT/CD04-2020MPT.
Pero esta no fue la única venta que hizo a la comuna de Trujillo. La orden de compra-guía de internamiento N°0000129, del 6 de mayo, señala que Zasojari S.A.C. también vendió 624 canastas, a S/ 149 cada una, por un monto total de S/ 92,976. Estos productos fueron destinados a trabajadores del Segat por los servicios prestados de manera ininterrumpida durante el estado de emergencia.
RESPONDE
Daniel Marcelo, alcalde de Trujillo, indicó que las adquisiciones estuvieron a cargo de la Subgerencia de Abastecimiento, por lo que solicitará informes al respecto.
“Al menos no hay ningún informe que tenga estos problemas (inhabilitación). En todo caso voy a consultar a Abastecimiento para ver. Voy a consultar para ver si ha habido problemas en la compra de canastas”, afirmó.
Agregó que a la fecha solo faltaba cancelar a dos proveedores de víveres, pero no pudo asegurar si uno de los impagos era la firma cuestionada.
La compra de alimentos también fue observada por la Contraloría, que detectó falta de peso y entrega de productos distintos a los licitados. Asimismo, los regidores que investigan las adquisiciones por emergencia detectaron presuntas sobrevaloraciones en la licitación de equipos de trabajo y seguridad para el Segat.
Fuente Diario Correo
