El Poder Judicial confirmó, en segunda instancia, la condena de cinco años de prisión efectiva contra Roger Quispe Rosales, quien fue alcalde durante dos periodos del distrito de Moche, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión ilegal, en agravio de la referida comuna.

La sentencia también alcanza al exgerente municipal, José Rodríguez Azabache y al representante legal de la empresa involucrada, Juan Vallejos Goicochea, ambos sindicados como cómplices, con cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida.

La condena está relacionada al Caso Impuestos, que data el año 2007 y donde la Fiscalía acusó a Quispe Rosales de suscribir un contrato de recaudación tributaria con una empresa denominada Vallejos Goicochea Service Ingeniería Digital E.I.R.L., de manera irregular y sin contar con la aprobación del pleno del concejo municipal.

La referida empresa se encargaría de realizar una supervisión y recuperación del dinero de impuestos que algunas compañías se resistían a pagar, como fue el caso de Coca Cola, a quien se le cobró un impuesto por alcabala de cerca de S/ 100 mil, dinero que se convirtió en una pérdida para la comuna.

Tras este nuevo fallo, las autoridades emitieron una nueva orden de ubicación y captura. No obstante, Roger Quispe lleva más de 140 días prófugo de la justicia.

No es el único caso

La exautoridad edil de las filas de Alianza para el Progreso (APP) tiene otras condenas y procesos vigentes.

En septiembre del año pasado, el Poder Judicial confirmó una condena de cuatro años de prisión suspendida en su contra, por el delito de colusión, relacionado al Caso Telefónica, donde también se acusó a Quispe Rosales de contratar irregularmente a una empresa (Innovaciones Perú S.A.C.) para cobrar 2 millones 350 mil soles a Telefónica del Perú, correspondientes a una sanción impuesta por instalar postes sin permiso en su jurisdicción.

Del total, se cobró la sexta parte, es decir cerca de 215 mil soles, de los cuales 76 mil fueron pagados a Innovaciones Perú S.A.C.

Así mismo, es acusado de pagar cerca de 230 mil soles a una constructora para un recojo de basura que nunca se ejecutó (Caso Servicios); de comprar una compactadora de segunda mano sobrevalorada, causando un perjuicio de 78 mil soles a la municipalidad de Moche (Caso Compactadoras); y de favorecer a una empresa en un proceso de selección para labores de reparación de maquinarias (Caso Maquinarias).

Fuente La Industria

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