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Congreso debe retomar debate de imprescriptibilidad de delitos de corrupción

Congreso debe retomar debate de imprescriptibilidad de delitos de corrupción

procurador_anticorrupcion_nuevaLima, feb. 22 (ANDINA). A una semana de iniciar la nueva legislatura del Congreso, el procurador anticorrupción Julio Arbizu pidió hoy al Parlamento que acelere la aprobación de algunas leyes necesarias para afinar su trabajo, como la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Agregó que esa propuesta ya fue presentada anteriormente al Poder Legislativo como parte de un conjunto de iniciativas para afinar la estrategia jurídica de defensa del Estado.

“Son varios proyectos los que están en el Parlamento, se discutieron y lamentablemente no se aprobaron. Entiendo que cuando el Congreso reanude sus actividades se va a presentar nuevamente el tema de la imprescriptibilidad y esperamos su aprobación”, indicó.

El jurista manifestó que la procuraduría anticorrupción del Ministerio de Justicia busca que no prescriban esa clase de delitos en perjuicio del Estado, y además que tampoco prescriban los pagos por reparación civil impuestos a los sentenciados.

Por ello destacó que el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, anunciara la aplicación de la denominada “muerte civil” para aquellos condenados por delitos de corrupción que no cumplan con los respectivos pagos de reparación.

“Seguiremos persiguiendo a los sentenciados en todas las formas posibles, declarando en última instancia su muerte civil y, en todo caso, solicitando embargos a nivel de secuestros de los bienes que tengan en sus casas”, subrayó.

Arbizu consideró irónico que, por ejemplo, las entidades financieras “ahoguen” al cliente cuando no paga un mes; pero el Estado no hace nada con sus morosos y deudores, quienes tienen “la desfachatez” de pagar sumas irrisorias como 20 nuevos soles mensuales.

Incluso criticó que los deudores traten de neutralizar los mecanismos que impulsa la defensa jurídica del Estado para cobrarles, como los embargos, los cobros de reparación civil, los cobros de sus pensiones, entre otros.

El procurador justificó la aplicación de estos mecanismos de sanción al considerar que los niveles de corrupción en el Estado son altos, en todas sus instancias.

De igual manera señaló que su procuraduría tiene en agenda de trabajo más de 15,000 casos relacionados con delitos contra la administración pública.

Además refirió que las regiones donde existe mayor cantidad de recursos, generados por el canon minero, presentan más niveles altos de corrupción en comparación con las regiones que carecen de ese beneficio.

“Y en cuanto a reparaciones civiles hay una deuda de más de 1,000 millones de soles, de los cuales el Estado sólo ha cobrado seis millones, menos del 1 por ciento”, anotó en TVPerú.

(FIN) JCP/GCO

GRM

Fuente Andina

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