La Contraloría General de la República le dio otro golpe al proyecto del viaducto Salaverry (Cercado). Esta obra la planificó el exalcalde Alfredo Zegarra para agilizar el tránsito desde el cruce de la Avenida Venezuela hasta Vallecito. En la obra, se iban a invertir S/ 107 millones.
A fines del año pasado, la entrega de la buena pro del proyecto se truncó tras revelarse las irregularidades del convenio entre el municipio provincial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta organización debía elegir a la contratista para ejecutar la obra. Por el monto del proyecto, más de 83 millones, lo que cabía aquí era un proceso de licitación organizado por la entidad pública.
Sin embargo, el Estado permite la participación de la OIM cuando esa entidad no acredita experiencia en esos procesos. El municipio se saltó varios procedimientos. Uno de ellos, tener el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el convenio.
La Contraloría, en su Informe de Auditoría N.° 859, concluye que hubo un perjuicio económico de S/ 836 732 por la firma de dicho convenio; advierte responsabilidad administrativa en Zegarra, trece regidores y cinco funcionarios. Recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar medidas legales contra los ediles.
Evidencia problemas
La auditoría comenzó cuando los vecinos denunciaron, ante los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros, estas irregularidades en el convenio.
La Contraloría evidencia lo que ya se sabía: el convenio firmado no cumplía con los lineamientos y criterios del MEF; además, no acreditaron la complejidad del proyecto que amerite encargar a la OIM la licitación del mismo, ni justificaron la imposibilidad técnica de la comuna provincial para realizar la licitación. Y mucho menos sustentaron las ventajas y conveniencias de firmar el convenio con la OIM.
A pesar de todas estas falencias, los regidores Pedro Quispe, Mario Melo, Miguel Ángel Mendoza, Willy Jano, Otilia Paredes, Fernando Figueroa, Miguel Ángel Benavente, Daniel Muñoz, Ricardo Medina, Hermelinda Allasi, Ingrid Carpio y Lilia Pauca (hoy alcaldesa) votaron a favor de firmar el convenio con la OIM.
Ellos afirman que se basaron en informes de los funcionarios Oscar Carrillo (exgerente municipal), Hilda Carpio (gerenta de Asesoría Legal), Luis Begazo (gerente de Administración Financiera), Óscar Muñoz (subgerente de Logística) y Carlos Perea (exsecretario municipal), que recomendaban tal acción. Pero, según la Contraloría, los regidores no tuvieron ningún criterio propio para cuestionar el convenio.
La Contraloría advierte especial responsabilidad en Carrillo. En su calidad de gerente municipal, este canalizaba los informes legales y recomendaba de primera mano al exalcalde Zegarra.
Es más, se cuestiona la forma irregular en la que se aprobó el convenio. Fue en una sesión extraordinaria el 28 de abril del 2017, convocada de un día para el otro y sin dar mayor información a los regidores. Prueba de esto es que concejales de oposición pidieron a Zegarra la reconsideración de lo aprobado. El exalcalde no hizo caso y ahora podría complicarse su situación legal.
Fuente La República
