El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, y el exalcalde Daniel Marcelo Jacinto –prófugo de la justicia– estarían involucrados en la compra irregular de víveres durante los primeros meses de la emergencia por covid-19, según los resultados de dos informes de control posterior de la Contraloría General.
En los informes de Servicio de Control Específico N° 037-2020-2-0424-SCE y N° 038-2020-2-2048-SCE, se detectó que estás adquisiciones al margen de la normativa habrían provocado un perjuicio económico al gobierno local por 161,076 soles.
La presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa recaería en Ruiz Vega, Marcelo Jacinto y 11 funcionarios y exfuncionarios de la comuna, así como en los 14 regidores provinciales actuales.
Primer informe
El primer informe señala que la municipalidad de Trujillo dispuso la compra de 500 canastas para comerciantes informales, sustentando la finalidad pública del gasto en los Decretos Supremos N°008-2020-SA y N°044-2020-PCM, referidos a la emergencia nacional y sanitaria por el covid-19.
De acuerdo con la comisión auditora, estas normas no contemplan la adquisición de canastas para comerciantes ambulantes.
Asimismo, se encontró inconsistencia en dicho requerimiento porque, al contrastar la información, solo se identificaron a 200 personas que calificaban para recibir los alimentos, según el análisis socioeconómico de la comuna trujillana.
El informe, que tuvo un periodo de evaluación del 21 de marzo al 18 de agosto de 2020, señala que la compra de canastas se hizo por contratación directa, contraviniendo la normativa de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sin cumplir con la regularización de la contratación directa en el tiempo establecido por la Ley de Contrataciones (10 días hábiles).
Esta situación obligó a la entidad municipal a reconocer la deuda a modo de indemnización al proveedor, lo que ocasionó un perjuicio por 68,100 soles.
Más canastas
El segundo informe, con periodo de evaluación del 25 de marzo al 27 de julio, precisa que la comuna adquirió 624 canastas para el personal del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo por servicios prestados durante la cuarentena, pese a que el Decreto de Urgencia N°014-2019 prohíbe la entrega de beneficios adicionales a su remuneración.
Además, se puso en evidencia que este beneficio se extendió a gerentes, subgerentes y administrativos.
Tal como en el caso anterior, para la adquisición de estos productos tampoco hubo sustento legal y se trabajó con un proveedor que estaba impedido de contratar con el Estado, por estar sancionado por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
El pago al contratista contó con la aprobación del concejo municipal y ocasionó un perjuicio económico de 92,976 soles.
Acciones legales
Posteriormente, la comuna trujillana adquirió 411 canastas adicionales a la esposa del proveedor sancionado, sin contar con la participación de las áreas correspondientes para su contratación y recepción (área legal y almacén general).
A la fecha se viene tramitando el pago de estos víveres, a través de un reconocimiento de deuda, lo que podría ocasionar un perjuicio por 61,239 soles.
Los resultados de los controles posteriores fueron notificados al titular de la municipalidad de Trujillo para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes contra los exfuncionarios y funcionarios involucrados.
Fuente Andina
