La constructora Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), acogida a la colaboración eficaz ante el equipo fiscal Lava Jato en los casos Club de la Construcción y gobiernos regionales, exige al Cusco la ejecución de un laudo arbitral y el pago de una indemnización de 41,1 millones de soles por daño moral a su buena reputación e imagen.
El pago de ese monto, que se deriva de un litigio por el contrato de la red vial Cusco, está pendiente de un último recurso ante el Tribunal Constitucional que debe resolverse este mes de diciembre. Si el TC deniega el recurso, el Cusco deberá pagar 41 163 860.41 soles más impuestos e intereses a ICCGSA por haber, supuestamente, dañado su imagen prístina y pura.
Esto pese a que los principales directivos de ICCGSA, José Castillo Dibós y Rafael Granados Cueto, al haberse acogido al procedimiento de colaboración eficaz, se supone que reconocen haber cometido un sinnúmero de delitos: pagos ilícitos al expresidente regional del Cusco Jorge Acurio Tito, al expresidente Martín Vizcarra por contratos en la región Moquegua, también en los gobiernos regionales de Ayacucho y Arequipa y, claro, todo lo relacionado con su participación en el Club de la Construcción.
Los colaboradores
Esta historia se inició el 2012, cuando ICCGSA se adjudicó el contrato del Servicio de Gestión Vial por niveles de Red Vial Nº 02 del Cusco, con un valor de 155 340 170.19 soles, a un plazo de ejecución de cinco años.
Castillo Dibós y Granados han declarado ante el fiscal Germán Juárez que ganaron este contrato como parte de un acuerdo ilícito con Ernesto Tejeda de Obrainsa y las empresas CONCAR (vinculada a Graña y Montero) y Odebrecht.
Según las declaración de Castillo y Granados, en el verano del 2012, Ernesto Tejeda le dijo a Fernando Castillo que se unieran para ganar la licitación de las redes viales Cusco, de tal forma que ICCGSA tomaría la red vial 2 y Obrainsa, CONCAR (Graña y Montero) y Odebrecht se adjudicarían la 1 y 3.
”Luego de convocado el concurso y antes de la presentación de sobres, entre marzo y mayo, el señor Ernesto Tejeda de la empresa Obrainsa buscó a Fernando Castillo de ICCGSA y se reunieron para ver posibilidad de trabajar juntos en el concurso de las Redes Viales convocado por el Gobierno Regional del Cusco”, indica el colaborador.
Agregó que Tejeda señaló que “él tenía algunos contactos que le aseguraban facilitar la obtención de la buena pro y que esto iba a constar una cantidad de dinero a cada uno de los postores, sin precisar el monto”.
Efectivamente, después de concertar los montos que presentarían a la licitación, las mencionadas empresas se presentaron al concurso y ganaron. Tal como estaba planificado, CONCAR se adjudicó la red vial 1, ICCGSA la red vial 2 y el consorcio CONCAR-Obrainsa la red vial 3. Ninguno de los otros competidores cumplieron los requisitos mínimos solicitados para la evaluación técnica.
Luego de ganar la licitación y cobrar el adelanto de obra, a mediados de julio del 2012, Tejeda les informó que tenían que realizar un pago de tres millones de soles y que el dinero debía entregarse en un hotel de San Isidro a Renato Bortoletti, ejecutivo de Odebrecht, para que lo de al gobernador regional Jorge Acurio.
Del dinero solicitado, ICCGSA dice que solo entregó 110.000 dólares, equivalentes a 300.000 soles. Sobre cómo se realizó el pago hay dos versiones. Un colaborador, dice que todo ese monto de dinero lo entregaron en un sobre de manila.
El otro colaborador cuenta que Granados llevó el dinero en un maletín tipo laptop y se lo entregó a Tejeda, que también tenía un maletín con más dinero. Juntos, fueron a un hotel donde tomaron una habitación. En ese lugar se les unió Bortoletti.
El ejecutivo de Odebrecht les dijo que Jorge Acurio pasaría a recoger el dinero, pero después de esperar un rato, apareció una persona que solo Bortoletti conocía y se llevó el dinero. ICCGSA no volvió a realizar más pagos.
Obrainsa y Concar han presentado una serie de documentos para acreditar que, en cambio ellos, si habrían realizados todos los pagos. Concar hasta 7,3 millones de soles incluidos impuestos y Obrainsa por 7,4 millones.
Buena imagen
Hasta ese momento a ninguna de las empresas mencionadas les parecía preocupar su buena imagen y reputación.
El 21 de junio del 2012 firmaron el contrato, pasaron a cobrar el adelanto de obra y más tarde, dicen, realizaron los pagos indebidos, tal como hemos relatado en los párrafos anteriores.
Recién cuando estalló el escándalo Lava Jato y la libertad de sus directivos y continuidad de sus negocios se puso en peligro, ICCGSA se acordó de su buena reputación.
El 14 de mayo del 2014, ya con denuncias de irregularidades y luego que Acurio fuera vacado del cargo, ICCGSA aduce que el gobierno regional no está cumpliendo una serie de compromisos y a través de cartas notariales resuelve el contrato.
Ante esta situación se inician dos procesos de conciliación. Uno en el centro de conciliación Soluciona, que termina sin acuerdo.
Otro, ante el centro conciliatorio Trato hecho, concluye el 30 de diciembre del 2014, con la firma de un acta de conciliación favorable a la constructora.
En esa segunda acta se da por consentida la resolución unilateral del contrato, se devuelven las cartas fianzas por 19,7 millones de soles y se reconoce una indemnización a favor del Cusco de 16,8 millones de soles, pero se distingue una deuda pendiente y ese monto se reduce a 8,7 millones de soles.
Buenos árbitros
En desacuerdo con dicha acta, en enero del 2015, el GORE Cusco interpone una demanda de arbitraje exigiendo una indemnización de 265 701 197 millones de soles por la irregular resolución del contrato, 25,5 millones de indemnización y ejecución de las cartas fianzas.
El 29 de diciembre del 2014 se instala el tribunal arbitral, integrado por Luis León Segura (presidente), Gonzalo García Calderón (por Cusco) y Marcos Ricardo Espinoza Rimachi (por ICCGSA).
Es allí que ICCGSA recuerda y valora su buena imagen. En la contrademanda pide que le paguen una indemnización de 298 612 698.00 millones por no haber podido terminar el contrato y le reconozcan un perjuicio económico por 10 millones, más una reparación de 30 millones, al haberse afectado su buena imagen y reputación.
Es decir que su imagen y buena reputación no se afectó por los actos de corrupción que cometieron sus directivos, sino por el reclamo que le hizo el gobierno regional y el pueblo del Cusco por no terminar las obras.
El 31 de marzo del 2016, el tribunal arbitral resuelve no darle la razón a ninguna de las partes. Esto es, rechazan la pretensión del gobierno regional y la de ICCGSA.
Sin embargo, lo que parecía ser un empate solo era una apariencia.
En el mismo laudo, los árbitros reconocen que se ha causado un perjuicio a la constructora, al no poder recibir las ganancias que esperaba, por lo que le deben pagar 10,3 millones de soles, más 30 millones de soles de indemnización por la afectación a su imagen de empresa de bien, lo que suma 40 millones de soles.
En busca de justicia
Contra el acta de conciliación y el laudo arbitral se han generado una serie de procesos judiciales desde marzo del 2015. Las demandas contra el acta conciliatoria de diciembre del 2014 las ganó el gobierno regional.
Adicionalmente, se presenta una demanda de nulidad ante un Juzgado Civil del Cusco que admite a trámite el proceso. Sin embargo, en noviembre del 2017, la Sala Civil del Cusco se declara incompetente para ver este caso.
El proceso se encuentra en la Sala Comercial de la Corte de Lima. Una acción de amparo que sigue su ruta por juzgados, salas superiores y la Corte Suprema y ahora, le toca al Tribunal Constitucional emitir pronunciamiento, vía un recurso de agravio de inconstitucionalidad. La audiencia se ha programado para los siguientes días.
En tanto, ICCGSA ha presentado una demanda de ejecución de laudo para que le paguen 41 163 860.42 soles, incluido intereses. El juzgado civil de Lima ha suspendido el cobro hasta que se pronuncie el TC.
Por lo cual, si el TC falla a favor de ICCGSA, el Cusco deberá pagar 41,1 millones a una empresa que según sus directivos cometió actos de corrupción, pero que para los árbitros tiene una buena imagen y reputación.
Contraloría
En setiembre del 2016, la procuraduría del GORE presentó una denuncia penal contra ICCGSA ante la fiscalía anticorrupción del Cusco por colusión, negociación incompatible y otros delitos.
A pedido de la fiscalía, la Contraloría revisó la ejecución del contrato de las redes viales y estableció que ICCGSA causó un perjuicio al Cusco por 100 millones de soles.
Sabiendo la existencia de ese informe que evitaría el pago de los 41,1 millones, al acogerse a la colaboración eficaz ante Germán Juárez, los colaboradores Castillo y Granados habrían reconocido que los pagos que realizaron a Acurio Tito son anteriores a la buena pro, por lo que no hay nada irregular en la firma del contrato ni en su ejecución.
Si se mantiene la colaboración en esos términos no tendrán que pagar los 100 millones de soles, pero sí podrán cobrar los S/ 41.1 millones. Una buena jugada.
Pedido de auxilio
El procurador del Gobierno Regional del Cusco, Pedro Galicia, llegó esta semana a Lima en busca de ayuda.
”Tenemos información de que el Cusco fue el experimento, que el mismo esquema legal de buscar indemnizaciones lo están presentando contra los gobiernos regionales de Ayacucho, Arequipa y Moquegua”, advirtió el procurador en diálogo con La República.
Anotó que ha pedido una reunión con el procurador general de la República, Daniel Soria, para que se promueva realizar un frente común en toda la región sur para defenderse de las constructoras del Club de la Construcción.
Pedro Galicia también busca reunirse con los fiscales y la procuradora ad hoc del caso Lava Jato. “El TC es nuestro último recurso, si ICCGSA gana vamos a tener que pagar un dinero que el pueblo necesita para recuperarse de la crisis económica generada por la pandemia”, señaló.
Fuente La República
