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La Contraloría General de la República evidenció una serie de irregularidades en el procedimiento de selección para la adquisición de 14 compactadoras valorizadas en más de S/ 8 millones. En esa línea, señaló que el comité de selección de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) benefició al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú. Asimismo, identificó responsabilidad penal y administrativa, y dispuso el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los miembros del comité de selección.

De acuerdo al Informe de Control Específico n.° 009-2022, los hechos se registraron en la Licitación Pública n.° 05-2021, la cual conllevó al otorgamiento de la buena pro al postor que incumplió con los requisitos establecidos en las bases integradas, lo cual afectó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

En el documento de control, se indica que con Resolución n.° 306 emitida por Gerencia General se conformó el comité de selección con el subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Gino Chanamé; Pedro Reyes Tassara (miembro del Colegio de Ingenieros del Perú); y el subgerente de Logística, Carlos Montalvo.

De acuerdo al cronograma de la Licitación Pública n.° 05, el 27 de octubre de 2021, se realizó los actos de apertura, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de ofertas técnicas y económicas al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

En ese sentido, la Contraloría hizo hincapié en que los evaluadores no revisaron la oferta de la empresa. Es decir, no verificó las especificaciones técnicas de las diferentes estructuras metálicas del camión compactador (caja de almacenaje, olva posterior de carga, sistema de compactación y de descarga), tal como establecen las bases integradas, que en este caso indicaba que material de acero cumpla con la normativa estadounidense del American Society Testing and Material, denominado ASTM A-36.

Sin embargo, el consorcio propuso la utilización de un acero de acuerdo a la norma argentina F-24. El equipo auditor advirtió y detectó que este material no es similar ni superior conforme lo requisitos de las bases integradas de la licitación.

Otros hechos

El ayuntamiento tampoco admitió la oferta del consorcio COINPRO-TRACAMA-FAMELI, que no acreditó la ficha técnica del bien ofertado, pero que sí cumplía con las especificaciones técnicas.

En esa línea, los auditores precisaron que no se tomó en cuenta el reglamento de la Ley de Contrataciones, al no solicitar a COIMPRO-TACAMA la subsanación de los errores materiales, lo cual sí procedía conforme a la normativa.

Incluso no se consideró su oferta de S/ 5 400 000 para la venta de las compactadoras, la cual fue menor a los S/ 6 700 000 que propuso la empresa ganadora, lo que ocasionó un perjuicio (costo en exceso) de S/ 1 300 000. Esta situación –subrayó- fue con la finalidad de favorecer al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

Por dicha razón, la Contraloría subrayó que estos hechos afectan el principio de legalidad, al no cumplir con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones y, por tanto, perjudicó el correcto funcionamiento de la administración pública, al desarrollar un procedimiento bajo criterios no objetivos ni legales a consecuencia de la actuación de los miembros del comité de selección al margen de la ley.

Con relación a las responsabilidades penales y administrativas, la Contraloría identificó a los integrantes del comité de selección.

Fuente La República

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