La Contraloría General detectó que el comité de selección del Gobierno Regional de Ucayali favoreció al consorcio vial que ganó la licitación de la obra “Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimaná, provincia de Padre Abad” al descalificar al otro contratista pese a que lo observado era subsanable.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 5805-2019-CG/MPROY-AC se evidenció que el comité de selección no dejó constancia que el consorcio vial y la otra empresa postora presentaron certificados de trabajo que se contradecían y descalificó sin sustento a la segunda empresa argumentando información inexacta.

Ello ocasionó que se reduzca el número de participantes y se afecte la libre concurrencia, igualdad de trato, competencia y transparencia durante el proceso de contratación, favoreciendo con el otorgamiento de la buena pro al consorcio vial por S/ 203’260,008.49.

El comité de selección, durante el perfeccionamiento del contrato, no exigió al consorcio vial, ganador de la buena pro, la presentación de la documentación que acredite la propiedad, posesión o alquiler del equipamiento estratégico, según lo requerido en las bases; sin embargo, suscribió el contrato.

Además, se observó en forma extemporánea deficiencias en la emisión de la carta fianza de fiel cumplimiento, lo que afectó la transparencia y legalidad de la contratación.

El comité de selección, pese a contar con evidencia de presentación de información falsa o inexacta por el consorcio vial, concluyó que no se vulneró el principio de presunción de veracidad.

También se evidenció que dicho consorcio presentó otros documentos cuyos supuestos emisores manifiestan no haber emitido, ocasionando que la entidad no evalúe la nulidad del contrato, ni se comunique al Tribunal de Contrataciones del Estado para iniciar proceso sancionador al consorcio.

Recomendaciones

Ante los hechos, la Contraloría planteó varias recomendaciones:

-Comunicar al gobernador regional de Ucayali que disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los nueve exfuncionarios con presunta responsabilidad penal y administrativa, además de un funcionario que trabaja en dicha institución.

-Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública, encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores.

-Disponer que se haga de conocimiento y alcance la documentación pertinente al Tribunal de Contrataciones del Estado OSCE, con respecto a la documentación falsa o inexacta presentada en su propuesta por el consorcio vial, a fin de que actúe en ejercicio de sus competencias sancionadoras.

-Disponer que se evalúe técnica y legalmente, la pertinencia e implicancias de declarar la nulidad del contrato suscrito con el consorcio vial, en caso de determinarse la existencia de documentos con información falsa o inexacta en la propuesta que presentó.

Fuente Andina

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