La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por 22 millones 673 mil 048 soles en la ejecución del Eje Vial II, que se ejecutó durante la gestión del Gobierno Regional de Amazonas, que gerenció Gilmer Horna Corrales (2016-2017). Como se sabe, dicho personaje disputará la segunda vuelta, el próximo 4 de diciembre, donde podría ser elegido gobernador por segunda vez, a pesar de estos antecedentes.
“Las obras se realizaron en el mejoramiento y mantenimiento de las vías (120 kilómetros) en 6 distritos de las provincias de Bagua y Utcubamba cuando era gobernador Gilmer Horna, Se confirmó el incremento del presupuesto de la obra, la inaplicación de penalidades, mayores costos en la supervisión, sin contar con el sustento técnico ni legal correspondiente”, informaron en la Contraloría.
El contrato del EJE VIAL II, se firmó entre el gobierno regional y la empresa ejecutora CASA, comprendía la elaboración del Programa de Gestión Vial – PGV (documento que detalla las actividades que realizará el contratista y que incluye el expediente técnico). La obra se inició en marzo del 2015, por un monto contratado de 177 millones 904 mil 002.17 soles y a la fecha la obra se encuentra inconclusa (contrato resuelto en el 2018).
El Informe de la Contraloría, del 10 de diciembre de 2014 hasta el 14 de diciembre de 2018, determinó presunta responsabilidad civil, penal y administrativa de catorce funcionarios, entre ellos Gilmer Horna y tres servidores públicos de la entidad.
Observaciones. Se identificó que funcionarios de la entidad aprobaron en el expediente técnico un incremento de 12 millones 902 mil 972.87 soles respecto a lo ofertado, por la ejecución de sobre anchos de 1 metro en zonas de curva de la ruta AM-105 (Desvío San Martín de Porres – Hamboya), no obstante que el contratista estaba obligado a ejecutar dichos trabajos, sin embargo, lo beneficiaron con un pago de 8 millones 428 mil 749.56 soles, en perjuicio del Estado.
Del mismo modo, se evidenció que mediante un acta de conciliación se aprobó una ampliación de plazo por 396 días calendarios que fue denegada en el trámite regular, lo que ocasionó la inaplicación de penalidades por 13 millones 391 mil 055.49 soles debido a retrasos en la ejecución del proyecto. Por esta situación, la entidad tuvo que asumir pagos por mayores prestaciones de supervisión por 853 mil 243.40 soles.
Ambos montos se consideran como perjuicio económico. Asimismo, funcionarios del gobierno regional pagaron la elaboración del PGV, sin aplicar la penalidad máxima por mora de 241 mil 707.63 soles pese a que lo presentó 182 días calendario después del plazo establecido en el contrato y sin contar con la conformidad de las áreas responsables.
Del mismo modo, aprobaron la estructura del pavimento con un periodo de diseño de 4 años, siendo lo requerido en la Declaratoria de Viabilidad del proyecto 10 años, además durante la ejecución de la obra se aprobó una estructura de pavimento diferente que no incluye el diseño, lo que no garantiza el periodo de diseño requerido.
Recomendaciones. La Contraloría General de la República recomendó que se inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en los hechos detectados que han causado perjuicio económico a la entidad. Que se hagan las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los trabajadores involucrados, así como el cobro de la penalidad por mora de 241 mil 707.63 soles, producto de la demora injustificada del contratista.
Fuente El Popular
