La Contraloría General de la República evidenció presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la adquisición de vehículos de limpieza pública de la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (MDVO), cuyo importe fue de 4 millones 098,816 soles.
Según el Informe de Auditoría N° 420-2016, cuyo periodo es del 2 de enero al 31 de diciembre del 2015, el ayuntamiento de MDVO convocó a proceso de licitación pública sin haber definido la real necesidad de lo requerido.
Asimismo, refiere que el requerimiento del área usuaria, que careció de sustento técnico, no consideró incluir prestaciones accesorias a fin de garantizar la conservación de los vehículos (compactadoras y volquetes).
De igual manera, indica que se efectuó la modificación presupuestaria de la partida “Adquisición de vehículos, maquinarias y otros”, el mismo que se condice con el valor referencial, no existiendo sustento técnico para acreditar ese cambio.
Por otro lado, la Contraloría indica en la observación que los responsables de la conducción del proceso de licitación establecieron criterios de evaluación incongruentes.
De igual manera, agrega que consideraron algunos factores de evaluación que solo cumplía el consorcio ganador de la buena pro, restringiendo la participación de otros postores.
Además en las bases administrativas integradas omitieron considerar como requisito, para la suscripción del contrato, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, quedando desprotegido la entidad edil ante casos de desperfectos y fallas de fábrica en las unidades adquiridas.
El órgano de control manifiesta que estos hechos contravinieron los principios que rigen las contrataciones del Estado. Anota que fueron ocasionados por los responsables del área usuaria, quienes efectuaron el requerimiento sin definir la real necesidad y sin el respectivo sustento técnico.
Perjuicio
La Contraloría evidenció que ante el incumplimiento de los plazos contractuales, la entidad aplicó las penalidades correspondientes. Sin embargo, el consorcio solicitó una ampliación de 20 días adicionales para entregar los vehículos, pero fue declarado improcedente.
Esto originó un proceso extrajudicial advirtiéndose que el procurador público municipal firmó un acta de conciliación sin contar con poder legal expreso, arribando a acuerdos conciliatorios.
Asevera que tales aspectos causaron un perjuicio económico de S/ 301,848.67 a la comuna por el accionar del procurador.
Fuente Diario La República
