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Contraloría investiga direccionamiento en licitación de Red Dorsal

Contraloría investiga direccionamiento en licitación de Red Dorsal

Cada vez queda más claro que la gestión de Juan Silva frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los principales hilos de la madeja de la presunta corrupción del actual gobierno. El audio recientemente filtrado no deja dudas sobre las intenciones delictivas del empresario Zamir Villaverde, hoy con prisión preventiva, y el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco. Y todo indica que las intenciones de Villaverde de participar en el festín de negociados fueron cristalizadas. La Fiscalía investiga las conexiones de Silva y Villaverde con empresarios, la vinculación del segundo con los sobrinos del presidente Pedro Castillo e incluso la presunta solicitud de coimas que habría hecho el mandatario en este carrusel.

Pero no solamente son las licitaciones de obras desde Provías Nacional y Provías Regional.

El 16 de mayo último se registró en la Contraloría General de la República la denuncia FF.2022.0006256. Según el presunto hecho irregular, Pronatel está “direccionando el concurso para la RDFNO (Red Dorsal de Fibra Óptica Nacional) a la contratista Gilat o posible consorcio Gilat Optical”. Señala el denunciante que “los numerales en especial referente a Experiencia del Contratista (14.2) fue modificado del pliego anterior en el cual no existía dicho punto”.

El pliego anterior establecía en su punto 14 que “el Contratista debe contar con experiencia acreditada por un monto facturado acumulado a una (01) vez el valor estimado de la contratación, en contrataciones de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años a la fecha de presentación de ofertas. Se consideran servicios similares los siguientes:- Operación y/o mantenimiento de redes de telecomunicaciones.- Diseño, instalación e implementación de redes de transporte en telecomunicaciones aplicando/utilizando MPLS (Multiprotocol Label Switching) y/o GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) y/o ASON (Automatically Switched Optical Network) y/u OTN (Optical Transport Networking). – Brindar servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional.- Contar con al menos cinco (5) años gestionando Centros de Operaciones de Red -NOC con su respectivo Data Center.

Pero el pliego nuevo materia de la nueva controversia añade en el numeral 14.2 que “dicha experiencia, en servicios iguales o similares, deberá ser acreditada con servicios realizados como mínimo en (9) regiones, de las cuales tres regiones deben ser de la zona norte, tres regiones de la zona centro y tres regiones de la zona sur. Estas regiones de la zona norte, centro y sur se encuentran referidas a las regiones inmersas en los proyectos Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Centro y Cobertura Universal Sur, proyectos que conforman la RDFNO”.

Exactamente los requisitos con los que cumple Gilat. “Una empresa con experiencia en operación y mantenimiento no debe verse limitada a que dicha experiencia sea específica en zonas determinadas ya que los procesos técnicos dependen de una ejecución bajo parámetros técnicos y no dependen del desarrollo en una determinada zona geográfica”, advierte el documento. “Adicionalmente el proceso quedaría cerrado solo a empresas locales y elimina la posibilidad de participación de empresas del extranjero con vasta experiencia en posible asociación con empresas peruanas”.

Por cierto, Gilat ha tenido problemas en esos proyectos que opera en regiones (ver https://caretas.pe/politica/mtc-alerta-roja-con-licitacion-de-la-red-dorsal-y-nombramientos-en-pronatel/ y https://caretas.pe/politica/mtc-alerta-roja-con-licitacion-de-la-red-dorsal-ii-parte/).

El nuevo proceso de licitación se inició a fines de marzo, según informó Pronatel. El proceso anterior se había suspendido en enero, precisamente a raíz de las marcadas sospechas de direccionamiento que ha sido negado por el consorcio que Gilat integra con Optical Networks.

La exviceministra Fabiola Caballero, que puso en evidencia el presunto tinglado de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró explícitamente en febrero:

“Detuve un proceso en Pronatel que pretendía sin mucha transparencia otorgar el mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica favoreciendo a una empresa. Es así, que no se adjudicó dicho contrato. Recomendé al director ejecutivo de Pronatel que la propia institución asumiera la ejecución de su mantenimiento de manera temporal y que revisara el modelo de la red dorsal tal como se había llevado en los últimos años. Mi capacidad técnica me indicó que no debíamos sacar adelante dicho proceso, ni dicho contrato, y actuar con absoluta transparencia en los procesos de contrataciones. El resultado fue la destitución, sin mi conocimiento, del director ejecutivo de Pronatel que había defendido la transparencia del proceso”.

En los chats que posteriormente se dieron a conocer entre Caballero y el exministro Juan Silva, el segundo calificó de “ruido” las advertencias sobre la materia como las que publicó CARETAS, y demandó que se siguiera adelante con el proceso. Pero Caballero no se amilanó y encargó un modelo de tres escenarios para encontrar cuál era el menos deficitario para el Estado. De allí la conclusión que Caballero mencionó, que la figura menos onerosa era que Pronatel asumiera la ejecución del mantenimiento de manera temporal para así revisar el modelo que hasta ahora ha fracasado.

A pesar de tener toda la infraestructura operativa, de acuerdo con un informe del MTC, el uso de la Red Dorsal solo llega al 3.2% de su capacidad. El Estado debería tener internet gratuito y potente en todas sus instalaciones, pero lo que tiene es un elefante blanco.

Como consecuencia, en julio último rescindió el contrato con Azteca Comunicaciones del Perú S.A.C., de origen mexicano, que tenía la titularidad desde el 2014. La política tarifaria fija ha resultado de poco atractivo para captar clientes y así poner la red a funcionar.

Se supone que la Red es un proyecto de Asociación Público-Privada (APP), pero el Estado es el dueño y pagó toda la inversión de la construcción, y ahora la operación y el mantenimiento. Durante los 5 años de operación y mantenimiento, el Estado ha pagado alrededor de US$132.7 millones adicionales a los US$170.8 millones de la construcción. Además de esa plata tirada al agua, durante el mismo período el Estado ha pagado casi US$450 millones por servicio de internet.

Se sigue insistiendo con licitar sin cambiar el modelo. Silva salió y hoy el Ministerio Público pide 36 meses de impedimento de salida del país. Pero otros objetivos siguen en pie.

Fuente Caretas

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