Lima, ene. 15 (ANDINA). La Ley de Protección al Denunciante salvaguarda y otorga beneficios a los servidores públicos que denuncien, en forma sustentada, hechos irregulares en las entidades del Estado, subrayó hoy la Contraloría General de la República.
El órgano de control señaló que cada una de las denuncias presentadas al amparo de esa norma será analizadas por el Sistema Nacional de Atención de Denuncias (SINAD), con respecto al debido proceso.
Precisó que la citada ley protege la identidad del denunciante, asignándole un código especial, e impide que sea cesado, despedido o removido de su puesto de trabajo a consecuencia de la denuncia presentada.
La Contraloría, además, tomará todas las medidas necesarias de apoyo al denunciante para recurrir a las instancias laborales correspondientes, en caso de abuso laboral como consecuencia de su denuncia.
Mediante su cuenta en la red social Twitter, recordó que la Ley de Protección al Denunciante dispone aplicar una sanción al funcionario que hostilice al denunciante como mecanismo de represalia por sus actos.
La norma, recuerda, que este tipo de actos constituyen una causal de despido justificado, conforme a la normativa laboral vigente.
De presentarse el caso, agrega el dispositivo legal, el organismo de control solicitará al Ministerio de Trabajo una inspección laboral correspondiente.
El denunciante también podrá acceder a incentivos económicos, a manera de recompensa, y recibir un porcentaje de la multa cobrada por la infracción administrativa cometida.
Finalmente, en los casos en que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados, se otorgará la reducción gradual de la sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los hechos.
Fuente Andina
