La Contraloría observó varios puntos en la obra del tramo I de las defensas ribereñas del río Piura, que va desde Los Ejidos hasta el puente Cáceres. En una de las observaciones se refiere a la aprobación del expediente técnico sin haberse efectuado el respectivo saneamiento físico legal de los terrenos que se encontraban en el trazo del proyecto ocasionando el pago de mayores gastos generales por el importe de S/ 2´072, 034 en perjuicio de la entidad. Además, encontró responsabilidad penal, civil y administrativa en 15 funcionarios.
Obra
De acuerdo al Informe de Control Posterior N° 30318-2022-CG/GRPI-AC, la aprobación de expediente técnico se hizo sin haberse efectuado el respectivo saneamiento físico legal de los terrenos que se encontraban en el trazo del proyecto lo que conllevó a que se ejecute la obra sin contar con la libre disponibilidad física de los mismos, que se generen mayores metrados por el replanteo de dicho trazo y que se aprueben dos ampliaciones de plazo.
También señala que fue originada por el actuar negligente de los directores de Estudios y Proyectos y el director de Construcción, quienes otorgaron conformidad y aprobaron el expediente técnico, así como por el actuar de los directores del Programa Sectorial V de la Gerencia de Infraestructura del GORE por dar trámite la aprobación.
Además, el comité de selección calificó oferta de postor que no cumplió con acreditar los requisitos de calificación para la elaboración del expediente, así como para la ejecución de obra, beneficiando al mismo con el otorgamiento de la buena pro y posterior suscripción de contrato por el monto de S/ 57´740 643, afectando la legalidad del procedimiento e intereses de la entidad. No acreditó la experiencia del profesional clave.
Asimismo, la entidad contralora refiere que la aprobación de liquidación de contrato de elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra, considerando en el cálculo del mayor costo directo por bajos rendimientos y medidas de salud por COVID-19, un costo de hora/hombre de operadores de maquinaria no establecido en el expediente técnico definitivo, así como aplicación irregular de IGV ha generado un pago en exceso al contratista de S/ 230 655 en perjuicio de la entidad.
En total son 15 funcionarios a quienes se les encontró responsabilidad penal, civil y administrativa como son: Marco Hurtado, Jaime Flores, Eloy Cisneros, Maria Ortiz, Luis Vega, Kelly Pereyra, Wilmer Vise, James Coronado, Abraham Huamán, Julio García, Alcides Adriano, Rodolfo Jiménez, Reinerio Adrianzén, Martin Saavedra y Juan Huamán Linares.
Al respecto, Carlos Tafur, representante de la empresa Pronte, precisó que de acuerdo a la primera observación fue una obra de emergencia y previa coordinación con los propietarios de los predios, ya que el terreno no estaba saneado y correspondía al GORE hacerlo. Descartó que se haya favorecido a la empresa ya que cumplieron con todos los requisitos.
Fuente Diario Correo
