contraloriapresenta310Lima, ago. 08 (ANDINA). La Contraloría General de la República, presentó hoy seis proyectos al Congreso para fortalecer la lucha anticorrupción en el país, que propone incluir a alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros de gobiernos regionales, bajo la potestad sancionadora de esta institución.

El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar entregó el paquete legislativo al titular del Parlamento, Freddy Otárola Peñaranda, a fin de que sean debatidos y aprobados en la presente legislatura ordinaria.

El primer proyecto de Ley propone incluir a los alcaldes y regidores de los gobiernos locales, y, presidentes, vicepresidentes y consejeros de los gobiernos regionales, en los alcances de la potestad sancionadora administrativa de la Contraloría General.

La segunda propuesta legislativa plantea modificar el artículo 57º del Código Penal, con el fin de hacer inaplicable el beneficio de la suspensión de pena para los delitos cometidos por funcionarios públicos, asegurando la efectividad de las penas, aún cuando sean mínimas.

En el período 2009-2013, de las 272 condenas impuestas por delitos de corrupción de funcionarios públicos denunciados por la Contraloría General, sólo diez fueron efectivas, debido al uso de la figura de la suspensión de pena.

Incremento de penas

El tercer proyecto plantea modificar los artículos 384º y 387º del Código Penal, con el fin de incrementar a 5 años el mínimo de pena privativa de la libertad para los delitos de colusión y peculado (actualmente en 3 y 4 años), a fin de que la misma no sea posible de ser suspendida o no efectiva.

Actualmente, estos delitos tienen un mínimo de pena igual o menor a 4 años por lo que existe la posibilidad que sean suspendidas.

La cuarta propuesta es un Anteproyecto de Ley para regular las obras por Administración Directa, es decir, las ejecutadas por la propia entidad, señalando que las mismas deben tener carácter excepcional y estableciendo los límites para su empleo.

Esta modalidad de ejecución de obras es actualmente usada intensivamente por las entidades públicas: 27% de la inversión en infraestructura en el año 2011 y 31% en el año 2012 y es la que mayores riesgos de corrupción genera por falta de regulación.

La quinta propuesta legislativa plantea incorporar el artículo 201-A al Código Procesal Penal con el fin de establecer la naturaleza procesal de los Informes Especiales de la Contraloría como pericia institucional extra procesal, en mérito a su condición de elementos probatorios sui generis que lo hacen diferente a la prueba documental, testimonial o pericial.

Por último, el sexto proyecto de Ley propone modificar la Ley Nº  27482 de Declaraciones Juradas (DDJJ) con la finalidad de fortalecer, adecuar y corregir deficiencias en materias tales como sujetos  obligados, formato único, plazos, carácter confidencial de la DDJJ y régimen sancionador.

Fuente Andina

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