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Contraloría y Procuraduría intervienen a funcionarios de Qali Warma en la región San Martín

Contraloría y Procuraduría intervienen a funcionarios de Qali Warma en la región San Martín

La Contraloría General de la República y la procuraduría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) intervinieron en la administración del programa de alimentación escolar Qali Warma de la región San Martín para determinar responsabilidades sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores.

El viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, Michel Macara-chvili, bajo cuya jurisdicción se encuentra Qali Warma, confirmó a La República que las acciones de control se adoptaron luego que este diario reportó que en la Unidad Territorial de San Martín de dicho programa se detectaron graves anomalías durante los recientes procesos de licitación para el abastecimiento de alimentos para los escolares.

Michel Macara-chvili informó que el jefe de la Unidad Territorial de San Martín, Ángel López Malaverry, y sus principales colaboradores, Víctor Julca Vicharra y Jim Ballena Millán, son investigados por la Contraloría y la Procuraduría.

López asumió la jefatura de Qali Warma en San Martín en 2013, y poco antes de finalizar el gobierno de Ollanta Humala, se le renovó el contrato por tres años más no obstante que durante su gestión la empresa proveedora Grupo Ecodex, que había ganado cinco licitaciones, en lugar distribuir alimentos a los escolares entregó galletas, panetones y refrescos de fruta “Pulpín”.

Investigaciones de La República revelaron estos hechos, pero Ángel López no tomó acciones contra la compañía infractora Grupo Ecodex.

Curiosamente, bajo la administración del mismo Ángel López, fue designado como presidente del Comité de Compras de la provincia de Bellavista, Elver Núñez Lanchos, accionista de la empresa Grupo Ecodex que había incumplido los contratos con Qali Warma.

La Dirección Ejecutiva de Wali Warma, al enterarse de este techo, solicitó al municipio de Bellavista la remoción de Elver Núñez, quien debió presentar carta de renuncia por incompatibilidad en sus funciones.

Durante su primer mandato López también fue acusado de haber abogado por algunas compañías proveedoras mediante la descalificación de las competidoras a las que atribuía falsas deficiencias. Este tipo de actos volvieron a registrarse poco después que a López le renovaron el contrato como responsable de Qali Warma en San Martín.

En las recientes licitaciones, especialmente en Tocache, los proveedores protestaron por la serie de irregularidades que se presentaron durante el proceso con el presunto propósito de que resultaran favorecidas empresas vinculadas con algunos funcionarios locales de Qali Warma.

Precisamente, La República también reveló que el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, Edward Clares Perca, formalizó investigación contra Ángel López por haber ordenado la anulación de siete contratos para la provisión de alimentos con la expresa intención de perjudicar a una empresa proveedora que había obtenido legalmente las adjudicaciones.

Para cumplir con su cometido en agravio de Qali Warma, según la denuncia de la fiscalía de Tocache, López contó con la complicidad de sus subalternos Víctor Julca y Jim Ballena, quienes acusaron falsamente a la empresa de haber presentado documentos falsos.

El viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, Michel Macara-chvili, expresó que ni bien se hizo público el caso de Ángel López dispuso la intervención de las entidades de control y fiscalización para garantizar la transparencia de los procesos de licitación, como parte de la política del gobierno de adoptar acciones inmediatas frente a hechos irregulares.

Fuente La República

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