La Contraloría General de la República informó que 1,633 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones (periodo enero-noviembre 2018).
Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (317), Cusco (135), Cajamarca (126), Lambayeque (92), Tumbes (88) y Puno (88). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados por inconducta funcional son: Callao (7), Madre de Dios (9), Moquegua (10), Ica (11) y Áncash (21).
El organismo público indicó que, de acuerdo con la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados pueden ser suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado desde 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.
Faltas frecuentes
Entre las infracciones administrativas más frecuentes se encuentran. Primero, actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.
Segundo, incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado. Y tercero, incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.
Sanciones vigentes
En el periodo enero-noviembre del 2018, se registraron 1823 sanciones administras vigentes inscritas que comprenden a 1633 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.
Del total de sanciones vigentes, el 96.2% (1754) son de inhabilitación para trabajar en el Estado y el 3.8% (69) corresponden a suspensión temporal para ejercer la función pública.
La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.
Fuente RPP
